Se confirmó que tendrá dos tramos de 3000 y de 1000 que se sumarán al sueldo para sentar un piso en futuras paritarias.

El decreto aclara varios puntos: en primer lugar, no se trata de bonos por única vez sino de aumentos que quedarán incorporados al ingreso de bolsillo aunque como un rubro independiente en el recibo de sueldo, denominado “incremento solidario” para que los trabajadores puedan controlar su aplicación.
En segundo lugar, los 1000 pesos de febrero se “adicionan” a los 3000 pesos de enero, con lo que el asalariado debería contabilizar 4000 pesos en el ítem “incremento solidario” en el recibo salarial de febrero.
En tercer lugar, el incremento será absorbido por los futuros aumentos que surjan de las negociaciones paritarias. Ello incluye aquellos casos en los que la paritaria de 2019 esté abierta o aun no tenga definidos los incrementos posteriores a diciembre de 2019. Una cantidad de sindicatos y cámaras empresarias acordaron paritarias hasta diciembre a fin de negociar –con el escenario político más claro- el tramo final de la paritaria desde enero.
Por último, las pequeñas y medianas empresas certificadas ante el gobierno no abonarán las contribuciones patronales a la seguridad social, es decir, para el grupo de trabajadores que se emplea en ese tipo de empresa el aumento será no remunerativo. El decreto lo explicita así: “las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en los términos del artículo 2° de la Ley 24.467 y sus modificatorias y complementarias, que cuenten con Certificado MiPyME vigente, quedarán eximidas del pago de las contribuciones patronales”.
Cuando la prestación de servicios sea inferior a la jornada convencional, los trabajadores percibirán el incremento en forma proporcional. Tal como se adelantó el viernes, los trabajadores públicos quedaron excluidos del decreto, aunque se espera un anuncio similar para el sector en el transcurso de la semana. En ese sentido el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que el aumento “va a ser un ingreso de alcances similares”, y señaló que el Estado «es grande y complejo, hay empresas del Estado, organismos descentralizados, con convenios y esquemas de pagos distintos».
En declaraciones radiales, Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA expresó que la decisión ya había sido conversada y estaba dentro de la ley de emergencia que votó el Congreso. Además puntualizó: “Filosóficamente estamos de acuerdo, la intención es buena para con los sectores más perjudicados en los consumos básicos por los niveles de inflación”.
Al mismo tiempo agregó un pero: “La necesidad de encontrar algún tipo de financiamiento especial a tasas bajas para pagar esto. Hoy no hay financiamiento y hay que propiciar algún mecanismo que les permita pagar los aumentos a las pymes y a las economías regionales”.
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