El gobierno pone $ 3800 millones para dar conectividad a barrios populares e instituciones públicas

La brecha digital no es una novedad, pero sí ha recrudecido durante la crisis sanitaria y el aislamiento social preventivo y obligatorio. Las grandes empresas se niegan a brindar servicios en los barrios más vulnerables o lo hacen de manera defectuosa. Esto se traduce en miles de chicos y chicas sin acceso a la educación y de adultos con posibilidades reducidas para trabajar o para acceder a la salud.

En este contexto, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) dispuso 3800 millones de pesos para garantizar la conectividad en barrios populares, instituciones públicas, zonas rurales e inaccesibles.

Las resoluciones 726, 727, 728 y 738/2020, publicadas el viernes último en el Boletín Oficial, comunicaron que el dinero saldrá del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, que se compone del aporte obligatorio del 1% de los ingresos totales de las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones.

De los $ 3800 millones, $ 1000 millones estarán destinados a la conexión en barrios populares; $ 2000 millones, a instituciones públicas como escuelas y hospitales; $ 300 millones, a zonas rurales, y $ 500 millones a rutas y zonas desérticas.

El vicepresidente del Enacom, Gustavo López, explicó a Tiempo: «La idea es hacer obras de infraestructura que queden a futuro. En todos los barrios populares de la Argentina hay algún prestador dando servicio, pero es malo y deficiente. Entonces, teníamos que sacar algo especial ante esta situación». Para López, «la pandemia puso sobre el tapete  y de manera aguda la inequidad existente», por lo cual «pensamos estos programas para atender todas estas circunstancias».

Los fondos «significan el 80% de la obra necesaria; la contraparte, pone el 20% restante». Además de la conectividad en sí misma, López destacó que «se generarán puestos de trabajo por la obra pública que requiere y porque se va a dar laburo a las pymes, a las cooperativas y empresas públicas que brindan estos servicios».

Para llevar a cabo la tarea en los barrios populares, el Enacom estableció que se «garantizará el fortalecimiento de los actores locales existentes, tales como cooperativas, entidades sin fines de lucro y pymes».

En ese marco, Catel (Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones), Colsecor (Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión) y Fedecoba (Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires) presentaron un plan al gobierno, con el fin de brindar el servicio de Internet a 358 barrios populares. Estas cámaras representan a más de 400 cooperativas con presencia en las 24 provincias del país.

Ariel Fernández Alvarado, presidente de Catel, explicó a Tiempo: «La pandemia ha mostrado muchísimas miserias de nuestra sociedad. Una de esas realidades es la conectividad en los barrios populares. Hoy, si la conectividad cotizara, tendría su precio más alto. Basándonos en una base oficial de barrios populares (Registro Nacional de Barrios Populares – Renabap), presentamos un proyecto detallando a todos los barrios a los que podemos conectar a través de las cooperativas afiliadas a nuestras federaciones».

El paso siguiente a la creación del programa es que cada cooperativa se presente para ofrecer ese servicio. «Como ese proceso puede ser lento y truncarse en oficinas, las cámaras de cooperativas nos mostramos como intermediarias entre el Enacom y cada cooperativa. El dinero es para las cooperativas, no para las federaciones. No van a encontrar especulación en el mundo cooperativo», advirtió Fernández Alvarado.

Proyecto de ley

Con el mismo espíritu de garantizar la conectividad para los barrios más vulnerables, el diputado nacional Federico Fagioli (Frente Patria Grande – Frente de Todos) presentó el jueves último un proyecto de ley a partir del cual el Enacom estaría a cargo del diseño de un plan federal para la conectividad de barrios populares, pueblos originarios y zonas rurales.

“Es un proyecto que plantea la necesidad de la conectividad como una herramienta de inclusión y de promoción de la igualdad. La tecnología no debe convertirse en otro foco de desigualdad y de exclusión social. Planteamos la importancia y la necesidad de garantizar la conectividad en los sectores que están quedando más al margen. Como Estado no podemos permitir que se imponga la lógica del mercado en un terreno tan sensible”, afirmó Fagioli a Tiempo.

Brecha digital

El Renabap relevó 4416 barrios populares en el país, dentro de los cuales el 65% de los hogares no tiene acceso a Internet.

Si bien en los grandes centros urbanos la conectividad supera el 80%, según un informe de 2018 realizado por el ex Ministerio de Modernización, el 70% del territorio argentino (donde vive casi un tercio de la población) no tiene accesibilidad directa a la red.

En el mismo sentido, de acuerdo al último informe de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), al tercer trimestre de 2019, el 43,9% de los hogares argentinos no contaba con acceso fijo a Internet.

Según el mismo informe, en la Ciudad de Buenos Aires la accesibilidad asciende al 111,7%; es decir, muchas familias cuentan hasta con dos redes. En Tierra del Fuego, el porcentaje es del 96%; en San Luis, 85,2%, y en Buenos Aires, 70 por ciento.

En el otro extremo, Formosa y Catamarca tienen apenas un 30% accesibilidad; Chaco, 35,3%; Santa Cruz, 35,6%, y San Juan, 37,1 por ciento.