El gobierno porteño busca disciplinar a las cooperadoras

Se encuentra en la esquina de Terrada y Nueva York, en el barrio de Agronomía, a menos de 500 metros del pintoresco Devoto y a tan solo diez cuadras del atractivo Villa del Parque. Un edificio imponente con ladrillos a la vista, ocupa media manzana y en su interior estudiaban, cuando no había pandemia, unos 900 estudiantes. Pero ahora está casi desierto, a las 10 de la mañana de otro martes más en cuarentena. «¿Quién viene?», pregunta la oficial de la Policía de la Ciudad que llegó a manera de custodia. «Mirá, viene Capponi, que fue el que nos citó a esta reunión», responde desde adentro de la escuela Guillermo Kechichian, presidente de la cooperadora de la escuela Álvarez Thomas, la 4 del Distrito Escolar 16. A lo lejos ven que se acercan varias personas, son ocho. Se identifican como funcionarios del Ministerio de Educación de la Ciudad. La directora de la escuela y Guillermo los reciben amablemente, entran, y lo que era una reunión para informar sobre la última auditoría se convierte en otra cosa. El cerrajero que vino con los funcionarios rompe el candado y la cerradura de la oficina de la cooperadora. “Anotá todo lo que tenemos por favor”, le dice varias veces Guillermo a Eloísa, la escribana del gobierno, que filma solo un par de imágenes con su celular y omite realizar el inventario delante de los presentes. El cerrajero cambia la cerradura. Entra a la oficina Antonio Salum, el interventor. Y cierran la puerta.

La organización de la coope del “Alva” provoca la admiración de quienes conforman movimientos sociales u organizaciones no gubernamentales. La asociación cooperadora posee una pileta, que construyó con fondos propios a principios de los ’70; autogestiona un comedor para casi un millar de alumnos y alumnas de nivel inicial y primaria; y dicta actividades extracurriculares: taller de radio, de fotografía profesional, taekwondo, teatro, básquet, fútbol, etc. Cuenta con un fondo común de inversión de 24,5 millones de pesos, dinero que usa como garantía para sus trabajadores y trabajadoras, y que iba a ser destinado a la construcción de un gimnasio propio. Durante la pandemia, entregó decenas de computadoras a estudiantes de su comunidad, donadas por terceros. Las compus que el Gobierno de la Ciudad no provee a miles de chicos desconectados del colegio.

El último martes, el gobierno porteño, sin mediar palabra, decidió intervenir la cooperadora. El hostigamiento de Soledad Acuña y del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta a las familias del “Alva” comenzó a fines de 2017, cuando la ministra de Educación porteña le informó a la escuela, sin ningún argumento, el recorte del Plan Natación para sus estudiantes. Las familias se movilizaron para visibilizar el tema, resistieron y judicializaron la causa. Finalmente, la decisión de Acuña fue revertida por un fallo favorable al «Alva» en primera instancia y ratificado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones. La ministra se negó a cumplir el fallo, lo que provocó más movilizaciones y más presentaciones judiciales.

Hace menos de dos meses, la Justicia porteña ordenó al gobierno de CABA reponer las clases de natación al nivel inicial. Entre sus argumentos para intervenir la cooperadora, está que esta le pagaba honorarios a una abogada por el litigio que mantenía con el Gobierno de la Ciudad.

“Tememos por los fondos de la cooperadora que pertenecen a nuestra comunidad educativa. Esto responde a un claro disciplinamiento a las familias y un castigo ejemplificador para el resto de las cooperadoras que quieran organizarse como nosotros”,  asevera Kechichian.

No es la primera vez que el oficialismo porteño interviene una cooperadora bajo esta modalidad. “Nosotros dimos una lucha incansable para que Macri terminara el edificio nuevo del colegio”, recuerda Pablo Cesaroni, que hacia 2007 presidía la cooperadora del histórico Normal 7, de Almagro. Cuando Macri era jefe de Gobierno, detuvo las obras del edificio y ellos salieron a dar la pelea en las calles. Fueron varios años, “hasta que Esteban Bullrich, por entonces ministro de Educación porteño, ordenó la intervención administrativa. No encontraron nada y después de un tiempo se fueron con las manos vacías”, completa Cesaroni.

Otra recordada intervención fue la de la cooperadora de la Escuela N° 2 República de Panamá, de Av. San Martín al 6000. Las familias fundaron un comedor autogestionado, donde los estudiantes tenían acceso a alimentos de calidad. Luego de la intervención, la «coope» quedó disuelta hasta hoy.

“Luchar tiene castigo”, es quizá una de las frases más usadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, casi un eslogan, que nunca pronuncia. Lo impone en la práctica en el más absoluto silencio. Lo grita con hechos que lleva adelante, en la sombras o de día, a la vista de todos. La comunidad educativa es uno de los actores que ha transformado esa frase en resistencia. “Nosotros dijimos que venían por la pileta y no nos creían, y era verdad, vinieron por la pileta”, pronuncia con voz enérgica Paula Insaurralde, integrante de la comisión directiva de la cooperadora del Álvarez Thomas. “También dijimos que venían por el comedor y tampoco nos creyeron, y vinieron por el comedor; después gritamos que venían por nuestros fondos y nuestra organización, y quedó demostrado: vinieron por todo y se quieren quedar con todo”.

Desfinanciamiento

El Fondo Único Descentralizado de Educación (FUDE) es un aporte económico que el gobierno porteño transfiere a las cooperadoras escolares de las escuelas públicas de gestión estatal.

El monto de ese fondo, que suponía una suma considerable una década atrás, viene ajustándose cada año desde que el PRO gobierna la Ciudad de Buenos Aires, y lo que hoy deposita el Ministerio representa apenas entre el 1% y el 15% del presupuesto total de las cooperadoras, que deben financiarse con el aporte de las familias y eventos como ferias del plato. En 2020, Acuña ofreció un FUDE de 120 pesos anuales por alumno, que si se dividen por los 185 días de clases del ciclo lectivo, representan apenas 65 centavos diarios.