La iniciativa fija una recomposición de 12,3% por lo perdido en 2025 pero no contempla el 2024. El presidente Javier Milei había vetado la ley vigente argumentando que “incrementa el gasto público sin respaldo financiero”.
Entre los puntos más importantes, el proyecto fija una recomposición de 12,3% por lo perdido en 2025 y no contempla lo perdido en 2024. Se pagaría en tres tramos de 4,1% en marzo, julio y septiembre.
La ley vigente establece cubrir todo lo perdido desde diciembre de 2023: 38% en 2024 y 14% en 2025 según IPC.
La iniciativa, además, prevé paritarias trimestrales y no menciona la actualización mensual por inflación que fija la ley actual. Tampoco incorpora una compensación por lo perdido en 2024 y 2025 en gastos de funcionamiento.
El proyecto agrega un refuerzo de más de 80.000 millones de pesos para hospitales universitarios.
Desde la Federación Universitaria Argentina (FUA) expresaron que “con el envío de este proyecto, el Gobierno trastoca el espíritu original de la ley. Habíamos arribado a un consenso con todos los sectores del sistema universitario y los legisladores, que era una ley que terminaba resolviendo gran parte de los problemas que el sistema acarreaba desde 2024”.
En diálogo con Clarín, el vocero enfatizó que “entendemos la modificación como un no cumplimiento de la ley vigente. Nos parece que rompe con el espíritu democrático, porque es una ley que está aprobada, y tiene un apoyo muy grande de la sociedad argentina, que lo reflejó en todas las manifestaciones”.
En agosto de 2025, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario con 158 votos afirmativos. La iniciativa pasó por el Senado y también fue aprobada por una amplia mayoría. Sin embargo, en septiembre del mismo año, el presidente Javier Milei vetó la ley argumentando que “incrementa el gasto público sin respaldo financiero”.
El texto volvió al Congreso y los diputados rechazaron el veto presidencial. El Senado, luego, insistió con la ley y con 58 votos a favor aprobó la iniciativa dejando sin efecto el veto y convirtiendo la ley en una norma definitiva.
El Gobierno nacional recusó al juez federal Martín Cormick, que había ordenado el inmediato cumplimento de la ley, argumentando que el magistrado no podía ser imparcial porque era profesor universitario. Hasta hoy la causa sigue sin juez.
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