Apelarán a las cooperativas de trabajo y a las organizaciones de la economía popular para llevarlas a cabo. Será financiado por Nación y se aplicará en las provincias y municipios. El Ministerio de Obras Públicas determinará el plan de trabajos.
La obra pública está prácticamente congelada desde el estallido de la crisis financiera que llevó al gobierno de Cambiemos a pedir la ayuda del FMI a mediados de 2018. El ajuste que desarrolló la administración pasada para cumplir con las exigencias del organismo internacional repercutió en la suspensión de la mayoría de los proyectos existentes hasta el momento.
En ese contexto el empleo del sector sufrió una caída de la que casi dos años después sigue sin recuperarse. En ese contexto, el ministro de Obras Públicas proyectó que el plan tiene un potencial de contratación de 20 mil puestos para los que prometió «equidad de género».
El programa se realizará con financiamiento de Nación en las provincias y municipios. El artículo 4 de la resolución indicó que el gasto que demande el cumplimiento de la medida «será atendido con las partidas presupuestarias que se asignen en cada convenio específico».
El artículo 5 señala a provincias y municipios que los proyectos deberán ser canalizados a través de entidades comunitarias instituidas legalmente, entre ellas cooperativas, organizaciones sociales, trabajadores de la economía popular y/o MiPyMEs y que tendrán prioridad las que estén radicadas en la zona de intervención.
También ordena lanzar, en paralelo, un proceso de participación y capacitación para que las personas de las comunidades intervengan activamente. El plazo de ejecución deberá ser no mayor a 180 días.
La fijación de los montos para la realización de las obras será una atribución de los secretarios de Obras Públicas y de Infraestructura en orden con lo establecido en el artículo 6.
En el apartado siguiente se aclara que ante proyectos que incumban a organismos descentralizados o empresas o entes públicos que se encuentren dentro de la órbita de Obras Públicas, «se procederá a su remisión a los fines de la debida intervención técnica, legal y financiera, en el marco de sus competencias y del plan».
Contexto
El proyecto oficial sale a la cancha en medio de indicadores negativos. Este miércoles el Grupo Construya, que integran las empresas más importantes del mercado de insumos para la construcción, presentó su Indice Construya (IC, de venta de insumos para la construcción) con una caída del 5,9% en febrero respecto a igual mes del año pasado.
Las grandes empresas, por su parte, atraviesan un áspero período de cambio de autoridades en la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) en el que el oficialismo, representado por Julio Crivelli, lleva las de ganar frente a las empresas que quedaron asociadas a la llamada «causa de los cuadernos».
Recientemente, la Camarco presentó un informe sobre la coyuntura del sector y lo entregó al gobierno. Allí reclamaron la ampliación de regímenes fiscales y previsionales específicos, suspensiones de sanciones y el otorgamiento de líneas de crédito, entre otros beneficios para privados que consideraron claves «para ordenar al sector».
Un reciente informe del Indec sobre la actividad de la construcción arrojó que entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, las perspectivas para el futuro inmediato son muy malas. En una encuesta, el 53,6% opinó que el nivel de la actividad disminuirá durante el período febrero 2020-abril 2020, mientras que el 39,4% indicó que no cambiará y sólo el 7% dijo que aumentará.
Además, a la hora de explicar las causas del parate en la actividad, el 32% de los empresarios que respondieron la encuesta la atribuyeron a la caída de la actividad económica, el 24,5% a los atrasos en la cadena de pagos, un 13,6% a la inestabilidad de los precios y un 11% a los altos costos de la construcción, entre otras razones.
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