El gobierno promete al FMI más motosierra y reformas tributaria y previsional

Una vez que pasen las elecciones, siempre y cuando el resultado no le signifique un revés muy fuerte, el gobierno acelerará el paso en su plan de reformas integrales. Para ello ya diseñó una hoja de ruta que incluye una agenda de privatizaciones de empresas públicas, la eliminación de fondos fiduciarios, la desregulación del mercado eléctrico y el diseño de planes de reforma tributaria y previsional. Muchas de ellas ya tienen fecha de publicación: el plan es darlas a conocer entre noviembre y diciembre próximos, apenas se cierre el capítulo de las urnas, para implementarlas a partir de 2026.

Las medidas se desprenden de la carta de intención que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, enviaron a la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. En ella se presenta el memorándum de políticas económicas y financieras (MEPF, de acuerdo a su sigla en inglés) que se envió al organismo y que fue aprobado por su directorio.

El documento fija los principios bajo los cuales se regirá el curso de acción del gobierno libertario en el corto y mediano plazo. Las prioridades quedan bien claras: fija la desinflación y la estabilidad macroeconómica como “nuestros objetivos más amplios”, a cuyo logro las demás herramientas y programas deberán contribuir.

En la denominada carta de intención y haciendo gala de una honestidad brutal, la dupla Caputo-Bausili se jacta de que no repararán en los perjuicios que su ajuste fiscal pueda causar en la sociedad, ni en la falta de acuerdos con otras fuerzas. “El objetivo de déficit fiscal cero sigue siendo nuestra ancla política inamovible, como lo demuestra la decisión del presidente Milei de impugnar legalmente (incluso mediante vetos) las iniciativas de gasto aprobadas recientemente por el Congreso”, señaló el dúo, que proclama su confianza en que a largo plazo “se crearán las condiciones para una economía más abierta y vibrante”.

Por de pronto, el menú para los últimos dos meses del año ya está preparado. Incluye el cierre de los fondos fiduciarios que todavía no fueron disueltos (sólo se dejará en pie el del gas), la definición sobre las entidades autárquicas que serán cerradas por “ineficientes” y un cronograma para la privatización de las empresas públicas, cuyo primer paso fue dado con el anuncio de la enajenación de las acciones que posee Enarsa de empresas que manejan represas hidroeléctricas.

También se incluye para el último bimestre del año la implementación de la norma que desregula el sistema eléctrico. El objetivo oficial es que los grandes consumidores puedan elegir a qué generador le comprarán la energía y celebrar acuerdos bilaterales.

El año que se viene

Para 2026, el gobierno se guarda dos cartas fuertes. Una es la implementación de una reforma tributaria que incluirá “la reducción gradual de los impuestos que distorsionan el comercio y las transacciones financieras” (léase Ingresos Brutos y el impuesto al cheque), una reformulación del IVA y algunas modificaciones en impuestos específicos, como el que se aplica a la venta de combustibles. La reforma, afirman, será “neutral en materia de ingresos” y su objetivo es “simplificar y mejorar la eficiencia y la equidad del sistema tributario”.

La otra es el diseño de un nuevo sistema previsional. Bajo los principios de igualdad y sostenibilidad, el eje del proyecto es “mejorar la proporcionalidad entre contribuciones y beneficios”. A grandes rasgos, el haber jubilatorio tendrá una relación directa con la cantidad de años aportados.

A diferencia de otros temas, en este el gobierno se cuidará de acelerar más de lo debido y se tomará un tiempo “para asegurar una preparación adecuada, dado los muchos desafíos que necesitan ser considerados”. También señala que la posibilidad de que el nuevo sistema sea sostenible en el largo plazo dependerá de una reforma laboral que todavía no está claro cómo se llevará a cabo. El compromiso oficial es completar el proyecto durante el año que viene y presentarlo al Congreso antes de que termine 2026.

Esa mención al Poder Legislativo es una de las pocas en las que se le reconoce algún protagonismo. Por el contrario, la mayoría de las referencias a senadores y diputados son para advertir que se vetará cualquier ley que implique un mayor gasto fiscal, en línea con el amenazante discurso presidencial del último viernes.

Como pátina de legitimidad política, el memorándum elige entronizar al Consejo de Mayo, “encargado de generar consenso sobre estas reformas fundamentales”. Ese órgano consultor fue creado el año pasado con el visto bueno de gobernadores provinciales que en ese momento le habían dado la derecha a Javier Milei y que ahora recapacitaron, conscientes de que el modelo no los incluye y que la alianza con el poder central puede jugarles en contra en los próximos comicios. Una vez más, la falta de consenso político y el mensaje que puedan dar las urnas en octubre (y también en septiembre en el caso de Buenos Aires, el mayor distrito del país) serán condicionantes de que todos estos planes puedan concretarse. «