El gobierno prueba otra canasta de precios fijos y las empresas salen a rechazarlo

Pocos días después de haber rechazado enfáticamente las versiones de que estaba en marcha un plan de estabilización destinado a frenar la inflación, el gobierno sorprendió con una nueva convocatoria a las empresas de la industria de consumo masivo a las que propuso consensuar una nueva canasta llamada Precios Justos.

La Secretaría de Comercio llamó a negociar a instancias del ministro de Economía, Sergio Massa. Las reuniones comenzaron esta semana y, previsiblemente, las diferencias despuntaron desde el primer minuto.

El gobierno planteó su intención de consensuar una lista de al menos 1500 productos con precios fijos, que deberán estar impresos en los envases de los productos por un lapso de entre 90 y 120 días.

Las empresas que fabrican alimentos, bebidas y otros artículos de venta masiva, como los de limpieza y tocador, de por sí rechazan cualquier tipo de medida que se asemeje a una intervención del gobierno en el proceso de la conformación de los precios.

En este caso, el cortocircuito fue mayor, porque la idea oficial asomó apenas dos semanas después de la salida al mercado de la nueva versión de Precios Cuidados. En esa negociación, las empresas habían logrado achicar significativamente el listado de productos, pero el programa operaría como una suerte de extensión que no estaba en los planes de los operadores del sector.

El argumento con el que el gobierno justificó la nueva iniciativa fue la necesidad de abordar, desde la política, una de las características más particulares de la inflación vernácula, que son las remarcaciones que efectúan las empresas en función de las expectativas.

Más allá de ese argumento, la sucesión de medidas similares se interpreta como una señal de la preocupación de la administración nacional por la escalada inflacionaria, que viene de larga data, que se pronunció por la pandemia de Covid y que empeoró después de la emergencia sanitaria a partir del estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, por el impacto del conflicto en los precios de las materias primas, entre otros factores.

El caso argentino es particular: los aumentos no ceden pese a que los precios internacionales están a la baja. La FAO midió un pico en el valor de los alimentos en marzo que dio paso a una paulatina desaceleración. En septiembre el índice de ese organismo arrojó una caída del 1,1% respecto a agosto. En particular, se destacó el descenso superior al 6% en el aceite vegetal. Pero, fronteras adentro, esos números no tuvieron correlato en los precios en la puerta de las fábricas ni en las góndolas de los supermercados.

Además, en el frente interno las remarcaciones siguen siendo una constante, aun cuando el diálogo con los que dominan el mercado es permanente, algo que destacan a ambos lados de la mesa de negociación.

En la tercera semana de octubre, la consultora LCG midió una aceleración del 1,9% en el rubro Alimentos y Bebidas. La entidad calculó un incremento de ese indicador del 8% acumulado entre esa semana y la tercera de septiembre.

En el desagregado, el rubro que más aumentó fue Comidas para Llevar, con el 5,1, y Verduras, con el 3,6%. Azúcar, Miel, Dulces y Cacao, aumentó 2,8%; Condimentos y Otros Productos Alimenticios, subió 2,7%, Productos Lácteos y Huevos, 2,3%.

Sin dólar góndola

La información que se filtró sobre las negociaciones dejó saber que sectores del empresariado presionan por la concesión de un “Dólar Góndola”, algún tipo de cotización de la moneda estadounidense beneficiosa para las alimenticias y otras compañías de consumo masivo.

Pero la versión fue desmentida en forma enérgica desde el sector público. “No es que se va a efectivizar un dólar por este programa ni mucho menos –dijeron a Tiempo desde el entorno de Comercio-. Sí el secretario utiliza las herramientas que tiene a disposición para negociar, como el sistema de importaciones y los acuerdos de precios que están vigentes”. «