El gobierno quiere más control sobre los sindicatos

Un día después de la masiva movilización convocada formalmente por la CGT pero sostenida en los hechos por los sindicatos afines al moyanismo, la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT), las CTA, los movimientos sociales y la izquierda, el bloque de diputados de Cambiemos presentó un proyecto elaborado por el legislador radical Luis Petri que busca modificar algunos artículos de la Ley de Asociaciones Sindicales y del Código Penal.

La iniciativa, que ha sido presentada como una herramienta de transparencia en los sindicatos, constituye un escalón más en la estrategia de golpear a los dirigentes sindicales díscolos en donde más les duele y, claro, en una de las patas de las que renguean frente a la opinión pública pero también entre la base de los trabajadores que notan que su situación social dista de la de sus ostentosos dirigentes.

El proyecto, a poco de andar, recibió duras críticas no sólo desde los dirigentes que se podrían ver afectados sino también de abogados y jueces laboralistas y diputados opositores.

Es que, en general, implica una injerencia indebida del Estado sobre organizaciones que, según la Constitución Nacional y la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), tienen un carácter privado más allá del rol mediador que la Ley de Asociaciones Sindicales le confiere al Estado.

El proyecto exige a los dirigentes gremiales y titulares de obras sociales sindicales que, al asumir cargos en sus organizaciones, realicen declaraciones juradas de sus patrimonios y que las vuelvan a realizar una vez concluido su mandato.

Además, a nivel penal, los coloca como sujetos de delitos a los que, hasta ahora, están expuestos exclusivamente los funcionarios públicos, como si los fondos sindicales fueran patrimonio público.

Así los dirigentes podrían ser acusados de delitos como «cohecho», «enriquecimiento ilícito» y «tráfico de influencias». Para eso, el mismo proyecto fundamenta las modificaciones sobre la base de cuestionar la naturaleza de las organizaciones gremiales considerándolas entes «paraestatales» que manejan fondos de «interés social».

De ese modo, los dirigentes sindicales podrían afrontar penas de hasta diez años de prisión por enriquecimiento ilícito y el pago de multas equivalentes al 100% de la suma obtenida de manera ilícita además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos gremiales.

El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, reconoció a Tiempo la complejidad del problema puesto que, a priori, «toda política del Estado que apunte a la transparencia es saludable. Pero, presentado el día después de una movilización masiva, es evidente que se enmarca en la política antisindical de este gobierno».

Para Omar Plaini, dirigente del sindicato de Canillitas, «es una barbaridad. Analizando legislación comparada, sólo existió en el gobierno fascista de Mussolini, donde los sindicatos eran un bien común administrado por el Estado. No pueden diferenciar el derecho privado del público».

Por su parte, Héctor Amichetti, dirigente del sindicato gráfico y de la CFT, le dijo a Tiempo que «tratan de meterse en un terreno donde al Estado no le corresponde. Nuestro vínculo con el Estado tiene que ver con una mediación en los conflictos. Pero como asociaciones, somos privados. Va a generar mucho rechazo. Es indudable que es una respuesta a la movilización. A La Bancaria le sacaron la cuota solidaria, que es un convenio entre partes».

Plaini agregó que «las organizaciones sindicales, como las ONG, tienen sus estatutos. Rendimos cuentas ante los afiliados».

Cremonte señaló que «ya existe legislación y mecanismos de control del Estado para que no haya corrupción. Están buscando crear una base de disciplinamiento en Comodoro Py. Ya hay un intervencionismo estatal en el movimiento obrero por las funciones del Ministerio de Trabajo, que otorga la inscripción y la personería, y homologa los convenios pero eso no significa que los sindicatos sean parte del Estado. Usan ese fundamento para decir que son organismos casi estatales y los dirigentes son como funcionarios, pero no es cierto. Además, el intervencionismo sobre los sindicatos tiene un abstencionismo respecto a las organizaciones de empleadores. El proyecto esta direccionado», concluyó. 

El revanchismo, un modus operandi

La estrategia oficial de responder a una acción gremial masiva con una ofensiva a las organizaciones sindicales no es nueva. En rigor, se trata de la cuarta vez que el gobierno actúa de esa manera.

El 6 de abril del año pasado, el día del primer paro general contra el gobierno, el Boletín Oficial publicó la disposición del Ministerio de Trabajo que ratificaba una serie de requisitos que debían cumplir los sindicatos, comenzando por el cumplimiento del cupo femenino, la implementación de la boleta electrónica y la inhibición de candidatos con causas judiciales pendientes.

Luego, un día después de la movilización del 22 de agosto a la Plaza de Mayo que, en rigor, sostuvo el sector moyanista del triunvirato, el Ejecutivo decidió separar de sus cargos a dos funcionarios que eran considerados referentes de ese sector en el gobierno. Ezequiel Sabor, segundo de Jorge Triaca en Trabajo, y Luis Scervino, superintendente de Servicios de Salud, fueron desplazados.

Por último, el 29 de noviembre, luego de la movilización al Congreso contra la reforma previsional, el gobierno publicó una resolución firmada por Triaca para dar de baja a más de 450 gremios que, finalmente, quedó en suspenso. «