El gobierno quiere que los candidatos a la Corte estén aprobados antes de septiembre

Con el inicio del segundo semestre y la Ley Bases aprobada, el gobierno se concentra en avanzar con su agenda legislativa y trabaja para alcanzar la aprobación de los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla y lograr sentar a dos aliados en la Corte Suprema de Justicia en medio de los múltiples frentes judiciales que se abrieron desde la publicación del DNU 70/2023.

El escenario ideal para el triángulo de hierro que integran el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el todoterreno, Santiago Caputo, es iniciar el tratamiento en agosto para obtener a mediados de septiembre la aprobación de ambos magistrados. Para la cúpula del Ejecutivo todo es negociable, excepto los nombres de los magistrados. “Son los dos o ninguno”, afirman sin rodeos desde el riñón del libertario y advierten que, en caso que el Congreso se empeñe en “no colaborar”, el presidente no firmará ninguna designación.

Los pliegos de los magistrados fueron presentados hace más de un mes en el Senado y desde ese momento se encuentran en stand by. Para evitar nuevos fracasos, la línea que bajaron desde la planta alta de la casa de gobierno es no iniciar la discusión hasta no conseguir los votos necesarios para el logro. Así se le informó a la presidenta de la comisión de Acuerdos, la larretista Guadalupe Tagliaferri, quien tiene la orden de no convocar el debate hasta tener los votos asegurados. En este sentido, dentro del oficialismo saben, además, que tienen trabas internas difíciles de saltar.

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, a quien mantienen aislada de todas las decisiones de gobierno desde hace meses, fue la primera en mostrar su descontento con la elección de Lijo. La presidenta de la Cámara Alta sostuvo en una entrevista que el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal №4 de Comodoro Py facilitó que la causa del asesinato del extitular de la CGT, José Ignacio Rucci, a cargo de Montoneros, “quedara en un limbo”. La investigación por la muerte del líder sindical toca de cerca a la abogada, quien tiene entre sus asesoras a Claudia Rucci, hija del líder de la resistencia peronista.

Si bien en el círculo íntimo del presidente reconocen que los comentarios de la vice no cayeron en gracia, confían en que su posición no afectará los planes del Ejecutivo. “Victoria no nos da miedo, el problema es que tenemos varios nuestros que ya se retobaron”, sostuvo un miembro del gabinete ante Tiempo. Este es el caso del senador Francisco Paoltroni, quien ya adelantó que votará contra el pliego del juez. El temor del oficialismo es que esta postura empiece a contagiarse.

El encargado de llevar las negociaciones con la oposición es el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. El miembro del Consejo de la Magistratura por el oficialismo trabaja para cumplir con el mandato presidencial de comenzar a tratar en el recinto los pliegos de ambos jueces en agosto y tener lista su aprobación a más tardar en septiembre.

Entre los deseos del libertario y las designaciones judiciales se encuentra el quórum. Para lograr la aprobación de ambos pliegos el oficialismo deberá juntar, al menos, 48 votos o dos tercios de la cámara. A pesar de lograr una mayoría importante durante el tratamiento de la Ley Bases, en el oficialismo saben que este escenario no se replicará en esta votación.

Dentro del PRO, reconstruyen desde un importante despacho de la Casa Rosada, la designación de Lijo genera divisiones y el bloque ya adelantó que no votará en tándem. Lo mismo ocurre dentro del radicalismo y los espacios nacionales. Con los aliados divididos, los negociadores designados apuestan a lograr que toda la bancada de Unión por la Patria -de 33 voluntades- se enfile detrás del gobierno.

Para un alfil del presidente, la posibilidad de coartar el poder absoluto que custodian Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz con la llegada de Lijo y Mansilla es una propuesta difícil de rechazar para el mismo peronismo que encabezó el pedido de juicio político para los jueces el año pasado. Dentro del justicialismo, en tanto, no se apresuran en confirmar ningún paso. Con mayor experiencia que el oficialismo, los miembros más antiguos del ex Frente de Todos repiten “el que se apura pierde”.

En ninguno de los dos espacios se atreven a hablar de acuerdos, sin embargo las negociaciones subterráneas ya comenzaron. El primer paso mediático lo entregó el peronismo. El senador y mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner, Oscar Parrilli, dijo esta semana: «Que Clarín y La Nación estén criticando a Lijo es como que le otorguen una medalla». Sin adelantarse, puesto que aclaró que “todavía no se discutió” la designación del juez puertas adentro del bloque, el exsecretario general de la presidencia sentó postura e hizo celebrar al oficialismo.

A pesar del apuro que le imprimen desde el Ejecutivo a esta agenda, el mismo no se replica en el palacio legislativo. Según pudo confirmar este medio, el presidente de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche, aún no mantuvo ninguna reunión formal con ninguno de los dos magistrados, pasividad que contrasta con la ansiedad oficialista.   «