El Gobierno rechaza el pedido de la CGT por las paritarias y avanza en la reforma laboral

“Es un problema entre privados”. Después de meses de tregua, el Gobierno nacional apuntó contra la Confederación General del Trabajo (CGT) luego del reclamo de la central obrera por la reapertura de negociaciones paritarias tras el aumento de la cifra de inflación que dio a conocer el INDEC la semana pasada. En el oficialismo entienden que los reclamos de la central obrera no tienen lugar, puesto que insisten en que desde hace más de diez meses los salarios están por encima del IPC, una lectura que desde los gremios descartan de cuajo.

Esta mañana, el co-secretario general de la CGT, Octavio Arguello, apuntó contra la gestión libertaria y presionó para que se habiliten nuevas negociaciones salariales. “La inflación se ha ido a 3.7%, y el Gobierno sigue insistiendo en firmas paritarias por debajo del 1%. Vamos a pedir revisión de paritarias porque no se sostiene la situación”, afirmó el dirigente. La contundente demanda del líder sindical no caló en lo más mínimo dentro del oficialismo, que insiste en que no habilitará modificaciones en este régimen pese a las amenazas de eventuales nuevos paros por parte de los gremios.

El cierre de las paritarias es controlado con estricta revisión por la secretaría de Trabajo que comanda Julio Cordero, que cumple rígidas órdenes del ministro de Economía, Luis Caputo. Para evitar el recalentamiento del índice, «el Messi de las finanzas» definió de forma unilateral no permitir el aumento de ninguna paritaria por encima de la inflación. Ese esquema puso en alerta a las cabezas sindicales, que no pueden dar respuestas acordes a sus afiliados ante los reclamos de mejoras salariales que se arrastran desde la mega devaluación de diciembre de 2023.

Si bien la postura es tajante, dentro del gobierno entienden que todavía los canales de diálogo con la CGT no están del todo cerrados. Una fuente calificada del oficialismo afirmó que la posibilidad de concretar una nueva cumbre con Los Gordos es más que viable, ya que todavía queda en el tintero de las negociaciones con los sindicatos la reforma laboral que el gobierno intentó llevar adelante con la publicación del DNU 70/2023, que fue paralizada gracias la presentación judicial que encabezó la Confederación.

En este sentido, la propuesta del gobierno volverá a recostarse en la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y en eliminar la obligatoriedad del pago de la cuota solidaria a cada sindicato, un golpe contundente a la recaudación de los diferentes gremios. Durante la última cumbre que tuvo lugar en Casa Rosada con Guillermo Francos, principal canal de diálogo entre el gobierno y el sector, el triunvirato de la CGT rechazó el avance del oficialismo y se acordó un virtual cuarto intermedio en las negociaciones, para intentar encontrar puntos de acuerdo, que se extiende hasta hoy.

Esta no es la primera vez que la gestión libertaria busca acercar posiciones con el gremialismo. En diciembre, el gobierno intentó convocar una mesa tripartita junto a la CGT y el llamado Grupo de los Seis, que nuclea a los empresarios más importantes del país. Aquel encuentro, que tenía como principal objetivo encontrar puntos en común para avanzar en limitación del concepto de “irrenunciabilidad” y poner fin a la ultra actividad de los convenios, fue cancelado horas antes de concretarse por las tensiones irresueltas entre el empresariado y los gremios.

Incluso, los días previos al paro general que la Confederación llevó adelante en abril, el oficialismo intentó, vía Francos, frenar la medida. En aquella ocasión, tal como contó este medio, el jefe de gabinete se comunicó con Héctor Daer, Gerardo Martínez y Hugo Moyano para intentar llegar a un punto en común y desarticular el paro y movilización de 36 horas que finalmente tuvo lugar el pasado 9 y 10 de abril. El mal trago que significó para la administración nacional ese tercer paro general, sin embargo, no alteró los canales de diálogo informales que desde el oficialismo abonan con el sindicalismo y que insisten en que continuarán alimentando.

Sin embargo, y pese al vínculo fluido que supieron cultivar en más de dieciséis meses de gestión, dentro del gobierno no temieron en apuntar con nombre y apellido contra algunos dirigentes. “Armando Cavalieri gana 800 mil dólares al año gracias a los aportes no contributivos de sus aportantes”, lanzaron sin rodeos desde un importante despacho en Balcarce 50. “Ni Globant gana esa cifra”, retrucó la fuente sin especificar de dónde obtuvo la información. 

El golpe al líder gremial, que agrupa el mayor índice de trabajadores en todo el país, esconde la intención de continuar profundizando la mala imagen que el mundo sindical en su conjunto cultiva en el tejido social. Las últimas mediciones realizadas por diferentes consultoras, posiciona por encima del 60% de negatividad al sindicalismo nucleado en la CGT. Con este respaldo, en el gobierno no descartan profundizar los achaques contra el sector y así colaborar con la profundización de la división entre trabajadores y gremios.