El Gobierno de Javier Milei avanzó este lunes con una nueva etapa de la reforma del sistema registral automotor y dispuso una reorganización que alcanza a 395 Registros Seccionales en todo el país. La medida contempla la unificación de 368 unidades, la supresión de otras 14 oficinas y el cierre operativo de 13 registros cuya eliminación había sido ordenada en años anteriores.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 411/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques.

Aunque el Gobierno presentó la medida como el cierre de “casi 400 registros”, el alcance concreto es más complejo: no se trata de 395 oficinas que desaparecen físicamente. De las unidades alcanzadas, 368 serán reorganizadas mediante procesos de unificación, mientras que 14 registros intervenidos serán suprimidos y otros 13 tendrán ahora un cierre operativo definitivo. En total, son 27 dependencias las que tienen previsto el cierre efectivo en esta etapa.

La resolución sostiene que el objetivo es adaptar la estructura registral a la forma en que actualmente funciona el sistema. Según el Ministerio de Justicia, se detectaron situaciones en las que una misma persona figuraba simultáneamente como encargado titular de un Registro e interventor de otro u otros.

Por eso, el Gobierno resolvió concentrar esas competencias bajo una única denominación. “La medida permitirá reducir TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO (368) Registros Seccionales”, sostiene la resolución, que justifica la decisión en la necesidad de hacer coincidir la estructura formal del sistema con su funcionamiento operativo real.

El Ejecutivo encuadra la reforma dentro del Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado en julio de este año. El argumento oficial es que la transformación tecnológica permite reducir estructuras físicas, concentrar funciones y simplificar los trámites.

Los registros que sí cerrarán

La resolución dispone la supresión de 14 Registros Seccionales intervenidos. Son oficinas que, de acuerdo con el criterio adoptado por el Ministerio de Justicia, no cuentan con un encargado titular y permanecen bajo intervención.

Seis de ellas están ubicadas en la provincia de Buenos Aires: Mar del Plata N° 2; La Matanza N° 3; Mar del Plata N° 9; Olivos N° 7; Ituzaingó N° 1; y el Registro de Motovehículos de Morón, letra C. La lista se completa con dos dependencias de la Ciudad de Buenos Aires, cuatro de Córdoba, una de Neuquén y una de Tucumán.

En la Ciudad serán suprimidos el Capital Federal N° 67 y el Registro con competencia exclusiva en maquinaria agrícola, vial o industrial y créditos prendarios Capital Federal N° 8. En Córdoba dejarán de funcionar los registros de Embalse y Porteña, junto con los registros exclusivos de motovehículos de Embalse A y Porteña A. También será eliminado el Registro N° 6 de Neuquén y el Registro N° 2 de Tucumán.

El cierre operativo deberá concretarse en un plazo máximo de 30 días hábiles. Durante ese período deberán realizarse las tareas administrativas, registrales, documentales e informáticas necesarias para transferir las competencias y documentación a las dependencias que continúen funcionando.

Otros 13 registros ya habían sido eliminados

La resolución también ordena hacer efectivo el cierre de otras 13 oficinas cuya supresión había sido decidida anteriormente, pero que todavía permanecían operativas. Se trata de registros cuya eliminación había sido dispuesta por las resoluciones 272/2024 y 19/2025 del Ministerio de Justicia.

Esta lista incluye: Olavarría N° 1; Necochea N° 2; Lanús N° 6; Esteban Echeverría N° 3; Bahía Blanca N° 6; Lanús N° 7; Motovehículos de Bragado A; Motovehículos de Necochea B; Motovehículos de Lanús B; Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios de Olavarría; Capital Federal N° 96; Viedma N° 2; y Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y Créditos Prendarios de Viedma.

En estos casos, la nueva resolución establece también un plazo máximo de 30 días hábiles para completar el cierre operativo.

La provincia de Buenos Aires, entre las más afectadas

La decisión vuelve a impactar sobre la estructura de Registros del Automotor bonaerense, después de las sucesivas etapas de reducción impulsadas por el Gobierno nacional desde 2024.

En julio de 2024, el Ministerio de Justicia había dispuesto la supresión de 136 Registros Seccionales como parte de la primera etapa de la reforma integral del sistema. La resolución de agosto de ese año avanzó además sobre registros intervenidos y estableció cambios destinados a permitir una mayor digitalización de los trámites.

En enero de 2025, el entonces ministro Mariano Cúneo Libarona firmó la Resolución 19/2025, que dispuso la supresión de otros 155 Registros Seccionales. La propia norma describió aquella decisión como una continuación de la reforma iniciada el año anterior y la vinculó expresamente con la “reestructuración y racionalización” de la Administración Pública Nacional.

Ahora, con la Resolución 411/2026, el Gobierno vuelve a intervenir sobre la red registral. Pero existe una diferencia importante respecto de los cierres anteriores: buena parte de la reducción anunciada ahora se produce mediante unificaciones.

¿Qué significa unificar 368 registros?

La resolución explica que existen registros que mantienen denominaciones y estructuras diferenciadas pero que, en los hechos, se encuentran bajo la responsabilidad de una misma persona.

El Gobierno sostiene que esa situación genera una estructura formal más grande que la estructura efectiva de gestión. Por eso, los 368 registros alcanzados por la medida pasarán a reorganizarse bajo 288 operaciones registrales, concentrando competencias en las unidades que continúan funcionando. Esto también introduce una diferencia importante a la hora de medir el impacto laboral.

Los trabajadores de los Registros Seccionales no son empleados de la Administración Pública Nacional: mantienen una relación laboral con el encargado del registro. Además, la normativa permite que dos o más registros funcionen incluso en un mismo edificio, aunque con personal, caja, archivos y mesas de entrada diferenciados.

Por ese motivo, la unificación de 368 unidades no permite afirmar automáticamente que se perderán una determinada cantidad de puestos de trabajo. El impacto dependerá de cómo se implemente cada reorganización y de la situación concreta de cada registro.

El Gobierno promete más digitalización

La reducción de oficinas forma parte de un proceso iniciado durante la primera etapa de la gestión de Milei y que apunta a reemplazar progresivamente parte del funcionamiento presencial por herramientas digitales.

Ya en 2024, el Ministerio de Justicia había planteado la creación del Legajo Digital Único, el Certificado Digital Automotor y un sistema de registro remoto, abierto y estandarizado. La intención declarada era reducir el uso de papel, evitar el traslado físico de documentación y permitir que determinados trámites pudieran resolverse desde otros registros o directamente ante la Dirección Nacional.

La Resolución 411/2026 retoma ese argumento y sostiene que la reorganización permitirá una utilización “más eficiente” de los recursos y una estructura compatible con la transformación digital. El Gobierno también asegura que la concentración de competencias no debería afectar el acceso de los ciudadanos a los trámites.

También modificaron los aranceles

La reorganización de los registros llegó acompañada por otra resolución del Ministerio de Justicia. La Resolución 412/2026 modificó el régimen arancelario de los Registros Seccionales y estableció una nueva forma de agrupar los conceptos que se cobran por los trámites.

Según la norma, la nueva clasificación permite reducir en un 40% la cantidad total de cánones vigentes, que pasan a organizarse en distintas categorías mediante el denominado Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA).

El dato, sin embargo, requiere una aclaración: reducir en un 40% la cantidad de cánones no significa necesariamente que todos los trámites cuesten 40% menos. La medida modifica y simplifica la estructura de los conceptos arancelarios, pero el impacto final sobre el precio de cada operación depende del trámite y de los módulos establecidos.