Tras la muerte de Rafael Nahuel, el gobierno responsabilizó a la RAM y aseguró que se llevó adelante "una acción legal y legítima".
«Estamos tristes y queremos mandarle a la familia de Nahuel un pésame», comenzó Bullrich quien pasó a «caracterizar y conceptualizar la situación que sucede hace varios años.
«En el sur de nuestro país han ocurrido más de 70 acciones violentas o atentados que nos llevan a caracterizar que estamos frente a grupos violentos que han escalado esta situación de violencia, grupos que no respetan la ley, que no reconocen la Argentina, que no reconocen al Estado, la Constitución ni los símbolos. Se consideran un poder fáctico que pueden resolver con una ley distinta a la ley de los argentinos», manifestó.
Los ministros distinguieron «con absoluta claridad entre los pueblos originarios de estos grupos que no son grupos de protesta, que han tomado la violencia como la forma de acción política».
«Queremos plantear que el Ministerio de Seguridad le va a dar claras instrucciones a las Fuerzas de Seguridad federales. No van a aceptar ninguna orden ilegal ni antijurídica que invierta el rol que un lugar pueda ser custodiado por un poder fáctico, que se palpe a una Fuerza de Seguridad, que se invierta el rol del estado frente a un grupo fuera de la ley que toma un territorio y quiere imponer una ley distinta a la del resto de los argentinos», advirtió.
A través del obispo de Bariloche, se abrió un diálogo con la comunidad mapuche. «Se ha planteado un diálogo, estamos abiertos al diálogo con todo grupo pacifico que pueda tener una protesta y quiera resolver los problema dentro de la ley. No va a haber ningún diálogo con grupos violentos que violan la ley», explicó.
Sobre el rol de la Prefectura en la represión y la muerte de Nahuel, Bullrich respaldó a la Fuerza de Seguridad y aseguró: «El juez necesitará elementos probatorios, el gobierno nacional ha definido que esto se realizó en el marco de una manda judicial. No tenemos que probar lo que hacen las Fuerzas de Seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Le damos a la versión de la Prefectura el carácter de verdad. Prefectura fue a enfrentarse con un grupo violento. El juez podrá buscar las pruebas que quiera. Está perdiendo días porque no los dejan entrar. Cada vez van a quedar menos pruebas porque en el lugar siguen los grupos violentos».
En relación a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), lo definió como «todo aquel grupo que no respeta la ley». «Es un nombre genérico de grupo que actúan violentamente. Los queremos separar de la comunidad mapuche o de cualquier comunidad», indicó.
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