El gobierno retrocedió y pautó una tregua con la UTEP, pero la Unidad Piquetera mantiene su plan de lucha

Dos anuncios del gobierno, el jueves pasado, generaron zozobra entre las organizaciones sociales, que respondieron con fuertes protestas el viernes. La reacción vino desde las agrupaciones más combativas enroladas en la Unidad Piquetera pero también desde los movimientos sociales oficialistas como la UTEP, el MTE y el Movimiento Evita. Los primeros realizaron una conferencia de prensa en el Obelisco con corte total de la Avenida 9 de Julio mientras que los otros se manifestaron con cortes en el Puente Pueyrredón.

La cartera de Desarrollo Social anunció que dejaría en stand by el pago de los montos del Potenciar Trabajo a los 1,3 millones de beneficiarios a partir de una amenaza de imputación por incumplimiento del deber de funcionario público a la ministra Victoria Tolosa Paz de parte de Guillermo Marijuan. El fiscal se valió de un informe que el exministro Juan Zabaleta reclamó a la AFIP para evaluar supuestas incompatibilidades de beneficiarios del programa que, según las primeras versiones oficiales, habría detectado entre 100 y 200 mil casos irregulares de los cuales, la cartera, habría desactivado menos de 3 mil. Son quienes habrían comprado dólar ahorro algo que, en rigor, no implica una incompatibilidad. La legislación vigente no prohíbe acceder a un plan Potenciar Trabajo a quien haya comprado dólares sino, por el contrario, impide la compra de dólar ahorro a los beneficiarios de otros programas sociales.

La respuesta que dio Tolosa Paz a la denuncia del fiscal Marijuan fue la de suspender el pago de los beneficios que debieron cobrarse ayer y elevar un pedido al juez Ercolini para suspender el secreto fiscal para la totalidad de los beneficiarios con el propósito de evaluar esas supuestas incompatibilidades. La estrategia apunta a agotar las instancias que estén al alcance de ella misma como funcionaria para eludir la acusación.

En el medio, 1,3 millones de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad y que incluso ya habrían ejercido su contraprestación laboral no recibirían el pago de su beneficio de $ 28.950 en tiempo y forma.

Pero, a la vez, la cartera dio a conocer su intención de desenganchar la actualización de los montos del Potenciar Trabajo de la evolución del salario mínimo vital y móvil. La decisión tomó estado público días después de que se decidiera actualizar ese haber entre diciembre y marzo en un 20% sobre el haber de noviembre. La medida, en este caso, se desprende del decreto 724/22 que estableció congelar las altas de beneficiarios y creó el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, integrado por los titulares de los ministerio de Desarrollo Social, Trabajo y Economía con representantes de la UTEP.

La actualización de esos beneficios, a partir del decreto, se definirá en ese ámbito en el cual, según informó la cartera a este medio, se discutirá una agenda «que va mucho más allá del monto de la transferencia, como recuperamos capacidades productivas con ese sector que representa la PEA de un país, que es la juventud y la fuerza laboral de la Argentina, que no tiene derechos laborales, que necesita instrumentos fiscales para ser reconocidos con todos los derechos, y necesita un órgano de discusión permanente».

La reacción de las organizaciones sociales resultó unánime y, tanto la Unidad Piquetera como los movimientos sociales oficialistas anunciaron cortes y protestas para la semana próxima.

En ese escenario, el presidente Alberto Fernández convocó a una reunión en la Casa Rosada, junto con la ministra de Desarrollo Social, a los dirigentes Emilio Pérsico y Edgardo Castro con el propósito de desactivar las protestas, al menos, de las organizaciones afines que denunciaron que el gobierno avanzaba en una política de ajuste. Lo consiguió.

Allí, Fernández adelantó que mañana harían una presentación al juez Ercolini dando cuenta de su intención de proceder al cruce de información con la AFIP pero, a la vez, liberar los pagos a la totalidad de los beneficiarios. Desde Desarrollo Social, además, aclararon en un comunicado que «el aumento del 7, 6, 4 y 3% en los próximos cuatro meses en salario mínimo impacta por su puesto en el Potenciar Trabajo». Sin embargo, a renglón seguido ratificaron su intención de avanzar con lo que establece el decreto presidencial.

Ante ambos anuncios, las organizaciones oficialistas enroladas en la UTEP ya adelantaron que es «muy probable» que la medida pautada para el miércoles «quede sin efecto».

Por su lado, Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero y la Unidad Piquetera, señaló a este medio que «está claro, no fue un error del gobierno sino que hay una política de ajuste». El dirigente destacó que «lo que sorprende es que pidan que se abra el secreto fiscal para los pobres y no se haga para los narcotraficantes y los millonarios que fugan el dinero de la deuda al exterior. Al final, las incompatibilidades parece que eran solo 3 mil. Lo que hay es una campaña que no la inició el fiscal anti obrero Marijuan. Cristina dijo que había demasiados planes y el pedido a la AFIP para que haga su informe lo hizo el exministro Juan Zabaleta. Es el gobierno el que quiere ajustar a cuenta del FMI».

Para Belliboni, «las organizaciones oficialistas que denunciaron un ajuste del gobierno solo lograron una tregua del gobierno como resultado de la reacción popular que hubo el mismo viernes y el anuncio de un plan de lucha. Pero el plan de ajuste sigue. Vamos a mantener el plan de lucha con una movilización el miércoles en reclamo de un doble aguinaldo para fin de año, por la comida en los comedores y para mantener el enganche con el salario mínimo. La decisión de desengancharlo es un reclamo de las patronales que quieren pagar salarios de hambre y los planes les ponen un piso. El Consejo de la Economía Popular es un instrumento de manipulación. No es una paritaria».

La Unidad Piquetera no formó parte del convite con el presidente. Pérsico, en su carácter de funcionario, les trasladó los compromisos asumidos por el gobierno. Belliboni adelantó que «en caso de que para el miércoles no estén acreditados los pagos o hayamos registrado bajas, entonces la movilización será con más de cien cortes y acampes en rutas y accesos las principales ciudades y localidades turísticas». Asoma un diciembre caliente. «