El gobierno rodea el debate del aborto para alejarlo del 8M

El mismo 8M un grupo de legisladoras buscará impulsar el debate del proyecto surgido de la Campaña. La iniciativa ingresará el 6 de marzo y allí mismo se pedirá la sesión especial. Al no haber sido tratado en comisión, deberán reunir el quórum de 129 bancas y luego –para lograr la aprobación– el voto de los dos tercios de los presentes en la Cámara Baja. La tarea parece difícil. 

El anuncio del oficialismo, que fue celebrado en una primera lectura, tiene un costado estratégico que algunos limitaron a «distraer la agenda de la crisis económica». Sin embargo, el primer efecto de la decisión presidencial es restarle posibilidades de éxito a la sesión especial del 8M. De hecho, el mismo día que se conoció la voluntad oficial de debatir, la bancada de Cambiemos –como la mayoría, dividida en torno a la legalización del aborto– anticipó que no dará quórum el 8 de Marzo. «La idea es habilitar el debate y que llegue al recinto, pero no queremos que entre por la ventana, como pasó con paridad de género», admitieron en la bancada de oficialista.  

A su vez, con la decisión de impulsar un proyecto integral –un paquete de leyes, una ley ómnibus tal vez– se complejizará el debate y se extenderá largamente. De esta forma, el gobierno aparece concediendo una discusión largamente anhelada, pero genera a la vez las condiciones para que ese debate sea engorroso y complejo. Maternidad subrogada, adopción, compensación económica para las chicas que quieren seguir adelante con el embarazo, llevarán la discusión a otros niveles y obligarán a pasar la iniciativa por varias comisiones. Por lo pronto, se da por hecho que el presidente Mauricio Macri lo hará oficial en la inauguración del período de sesiones ordinarias, este miércoles. 

Las voces del  8M 

Las legisladoras que promueven el debate desde hace tiempo adelantaron que seguirán aprovechando esta y todas las oportunidades que surjan y se jugarán a salir al recinto el mismo jueves 8. 

Sin embargo, ya surgieron diferencias en torno a la ampliación del debate que propone el gobierno. 

El proyecto propuesto por la Campaña garantiza a las mujeres el derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional y dispone que la práctica se realice en el sistema de salud. «El 8 de marzo vamos a discutir el proyecto de despenalización y legalización, del aborto. El resto que lo discutan ellos», sentenció Victoria Donda, de Libres del Sur, y autora del proyecto.

Mónica Macha, del FpV, criticó el intento oficialista de «mezclar todo». «Siguen teniendo esa lógica de pensar el cuerpo de una mujer como incubadora», se quejó. «Cuando una mujer toma la decisión de hacerse un aborto lo hace como última opción. Ya lo decidió. Es por eso que tiene que haber una política pública que resuelva las condiciones de seguridad para que la realización de esa práctica sea legal y el Estado tenga presencia. Primero está la  educación sexual, los anticonceptivos. Pero este gobierno desmanteló la implementación de la ley de Educación Sexual Integral», dijo.

Karina Banfi, de Cambiemos, firmante del proyecto del 8M pero dispuesta a esperar el tratamiento tal como lo impulsa el gobierno, opinó que si el tema se trata «dentro de un paquete más grande que incluya cuestiones de planificación familiar, mejor». «No estamos de acuerdo en tratar el tema el 8 de marzo, no necesitamos sacar una ley a las apuradas, necesitamos tener toda la información para poder debatir en una sociedad desprejuiciada. Eso no significa que queramos dilatar el debate. Cambiemos va a liderar el debate», sostuvo. 

Su par Daniel Lipovetzky también se pronunció a favor del debate en comisiones, pero consideró que se tiene que tratar de manera exclusiva y por separado de otros temas.   

Desde el FIT, Nathalia González Seligra sostuvo que el Gobierno tomó este tema «gracias a la movilización del movimiento de mujeres», pero aclaró: «No vemos que haya mucha perspectiva de que se pueda aprobar. Los bloques mayoritarios siempre lo bloquearon. Primero deberían romper con la Iglesia», especuló. 

Araceli Ferreyra, diputada de Peronismo para la Victoria, vinculado a la Cetep y con buena llegada al Papa Francisco, no descartó «un tinte oportunista de parte del gobierno». «Le quieren pasar factura al Papa Francisco por el apoyo a la marcha. Pero las internas de patriarcado no nos interesan ni nos conmocionan», sentenció.

La legisladora correntina recordó que gracias a la presión del movimiento de mujeres se logró sacar el tema de la comisión de legislación penal que en su momento presidía Patricia Bullrich y pasarlo a la comisión de Salud, donde está ahora y que preside la macrista Carmen Polledo, quien ya se pronunció en contra. «