El gobierno se califica con ocho Por Carlos Heller

El proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias presentado por el Ejecutivo, incluidas las modificaciones que aceptó para hacerlo más potable, significaba que pagaría Ganancias el doble de trabajadores en relación de dependencia, respecto de los que estaban alcanzados al finalizar el mandato de Cristina Fernández. Esta cuestión resultaba políticamente inviable –sobre todo cuando se empieza a pensar en las próximas elecciones– para el “opo-oficialismo”, es decir, los bloques de la oposición que han venido votando la gran mayoría de los proyectos del gobierno, como el pago a los fondos buitre o el blanqueo de capitales, entre muchos otros.

Es así que Diputados votó un proyecto consensuado por una amplia oposición, incluido el FPV y aliados, que aumenta el mínimo no imponible para las categorías más bajas de salarios, dejando fuera del impuesto a los solteros a partir de los $ 33.500 de salario bruto y a los casados con dos hijos a partir de los $ 44.400. También se exceptúa del pago de Ganancias el aguinaldo (hasta los salarios brutos que no superen ocho salarios mínimos no imponibles, unos $ 65 mil), las horas extra y los bonos por productividad. Para evitar el desfinanciamiento, se aplica el Impuesto a las Ganancias a los intereses de los plazos fijos y lebac con saldos superiores a un millón y medio de pesos y a los dividendos distribuidos de las empresas –a excepción de las pymes–. Se gravan también los juegos de azar, las ganancias financieras de beneficiarios en el exterior, y se restituyen las retenciones a las mineras, entre otras modificaciones. Y también se crea un impuesto a los inmuebles improductivos y otro para las operaciones financieras especulativas de “dólar futuro”.

Enojado con Sergio Massa, Mauricio Macri sentenció: “A la larga, cuando uno es impostor, sale a luz porque no hay manera de engañar a mucha gente mucho tiempo”. No puedo dejar de recordar, en esta misma línea, la promesa electoral de Macri: “En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar Impuesto a las Ganancias”. ¿Cómo llamamos a esta actitud de hacer lo contrario a lo prometido?

De ser aprobado este proyecto en el Senado, ¿vetará el presidente esta ley, como lo hizo con la ley antidespidos, privilegiando las señales hacia los posibles inversores externos? ¿Servirá ese eventual veto para mantener la nota de ocho con la que autoevaluó a su gobierno? Son dudas que genera un acontecimiento político importante como lo ha sido la derrota del oficialismo esta semana en Diputados, en sesiones extraordinarias cuyo temario fue decidido por el propio presidente. Parecen haber quedado atrás los días del enamoramiento entre el Ejecutivo y una buena parte de los legisladores.

El cumplimiento de un año de gobierno lleva a la evaluación. Estoy de acuerdo con la alta nota otorgada por Macri a su propio gobierno. La misma se fundamenta en que están en el camino de lo que desean hacer, afianzando una descomunal transferencia de ingresos hacia las clases más altas, en detrimento de los sectores más débiles.

Esa transferencia tiene no solo altos costos en términos de actividad económica (baja de la demanda, elevados niveles de subutilización de la capacidad instalada, caída de la producción), sino que además deriva en fuertes costos sociales (pobreza, desempleo).

Mencionaré solo algunos de los abundantes datos que sostienen la situación expuesta. La mayoría de los analistas del establishment estima que el PBI caerá en 2017 entre el 2,3% y el 2,6%. Según un informe de la Fundación Observatorio PyME, seis de cada diez pequeñas empresas industriales sufren una caída de la rentabilidad; ocho de cada diez argentinos restringieron su consumo, según una importante consultora internacional. Un relevamiento sobre la situación del empleo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indica que en lo que va de 2016 fueron despedidos o suspendidos más de 230 mil trabajadores. Según Marcelo Bonelli, “el consumo de gas bajó tanto por la recesión y las tarifas, que la Argentina logró un inusual y temporario autoabastecimiento”. Puede pensarse que es el mismo camino que el gobierno transita para lograr bajar la inflación y el déficit fiscal.

Creo que las políticas implementadas por el gobierno macrista pueden identificarse como un “regreso al pasado neoliberal”, vinculado con cinco ejes:

1. La ya mencionada regresiva transferencia de ingresos, caracterizada por la eliminación de retenciones agrícolas y mineras (y la reducción a los productos sojeros), el alza de tarifas para incrementar la renta en dólares de las empresas energéticas, un blanqueo de capitales que no exige ingresar las divisas al país y eliminaciones de tributos progresivos, entre otras transferencias.

2. Las continuas alusiones del gobierno y grandes empresarios al “fomento de la productividad”, que no encierran otra cosa que la flexibilización laboral y la baja de los costos laborales, a favor de una mayor rentabilidad empresaria.

3. La defensa del Estado subsidiario. Macri lo definió con varias metáforas: como “el canchero”, es decir, el que prepara la cancha de fútbol, y como “el facilitador” de las inversiones y la productividad que rechaza intervenir en los mercados.

4. La apertura de importaciones y liberalización de operaciones cambiarias con los negativos impactos sobre la producción y el financiamiento internos.

5. La puerta giratoria del endeudamiento: los dólares ingresados por nueva y abundante deuda pública se van del sistema vía la conocida fuga de capitales.

Para justificar la situación tan negativa de la economía, aparece entonces el relato de la “herencia recibida”, necesario para que el gobierno intente sostener el ajuste que impuso. “Crisis terminal”, “colapso de la actividad”, “hundimiento de los salarios reales”, todos inventos “de lo que hubiera pasado” para demonizar la gestión anterior, que dejó un Estado con baja deuda externa, salarios con elevado poder adquisitivo, alto nivel de empleo, todas variables que en esta gestión se deterioraron. Enfrentar este relato es una verdadera batalla cultural.

Ninguna promesa que protegiera a las clases populares fue cumplida. Más aun, las políticas del gobierno nacional impactaron negativamente en la vida cotidiana de los argentinos e hipotecan perversamente el futuro.

Las realidades comentadas han despertado un creciente movimiento social de oposición que seguramente se incrementará de modo paulatino. La energía social de resistencia se expandió por todo el país y abarcó a las más diversas expresiones del campo popular. Los retrocesos en materia de la anterior política de Memoria, Verdad y Justicia, así como las crecientes prácticas represivas o el decreto que permite blanquear capitales a los parientes de los funcionarios, ponen al gobierno al límite del Estado de derecho.

Lo que acontece en nuestro país es parte de una contraofensiva que están sufriendo los pueblos latinoamericanos, con un avance de los espacios conservadores alineados con los poderes trasnacionales concentrados y los grandes grupos locales, que han implementado «golpes blandos» y otras estrategias similares en Honduras, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Brasil.

Hoy se abre el camino de una confrontación que comienza por comparar promesas con realidades. Será menester articular la enorme potencia social de las mayorías, de los movimientos sociales y las fuerzas políticas dispuestas no solo a no dejarse avasallar, sino a construir desde una nueva hegemonía, en pos de un país libre, democrático, soberano e integrado en el sueño de la Patria Grande. «