El gobierno uruguayo envuelto en la cuestionada compra de lanchas oceánicas

Bajo la amenazante mirada de Estados Unidos, los reclamos diplomáticos de China y otros potenciales proveedores militares y la creencia generalizada de que tras cada operación se oculta un negociado, el gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou intenta poner en marcha lo que en su inicio llamó «programa de rearme». En realidad, apenas un tímido pero costoso plan de reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Hasta ahora, casi cuatro años después, todo parece reducirse a un simple rosario de buenas o malas intenciones, dios dirá, mientras los principales actores ya empezaron a chamuscarse en las cercanías del infierno. Desde los feligreses presidenciales hasta sus aliados de Cabildo Abierto, el partido militar creado por generales y coroneles a imagen y semejanza de los cuarteles. Y autoerigido en guardián de la moral republicana.

De los proyectos iniciales, uno tras otro ha terminado en el ridículo, razón de denuncia y burla de los popurrís con los que las murgas coparon el pasado Carnaval (ver aparte). Lo único que queda en pie es la compra de dos patrulleras oceánicas del tipo Offshore Patrol Vessels (OPV), una operación hecha, deshecha y rehecha al menos cuatro veces desde 2021 y que hoy es la más grotesca muestra de un negociado del que, en su momento, se negó a participar el jefe del estado mayor de la Armada, contralmirante Gustavo Musso. En agosto pasado, Musso renunció al más alto cargo del arma en lo que, sin explicitarlo, fue el más duro reproche moral al gobierno y a sus pares de Cabildo. Recién entonces Lacalle quedó liberado para proseguir una operatoria irregular que compromete en primer lugar al viceministro de Defensa, coronel Rivera Elgue, segunda cabeza ideológica del partido militar.

La última escala del desaguisado se cocinó en julio pasado, pero como todos los episodios borrascosos que afectan a Lacalle –blindado por un costoso aparato de publicidad y prensa– permaneció oculto, en este caso reducido al más estricto ámbito militar. Recién ahí se supo que el gobierno había decidido atar el negocio de las OPV con un astillero español con un siglo de actividad, se dijo a modo de elogio. Pero el gobierno olvidó decir lo que luego se supo: que Francisco Cardama SA nunca construyó ni una sola lancha marítima, su exclusividad son los pesqueros, y lo que le ofreció a una bien regada delegación presidida por Rivera Elgue, y aceptada ipso facto por el gobierno: son lanchas pesqueras usadas, con casco reforzado y el agregado de un radar, un cañón de 40 mm, ametralladoras y un bote salvavidas.

La crisis estalló cuando desde los portales especializados se empezaron a filtrar datos sobre la solvencia de Cardama. Esa empresa, que en 2022 tuvo una facturación de poco más de 10 millones de dólares (10.113.248) y un beneficio neto de 452.334 dólares, es con la que Lacalle busca cerrar un negocio de 92 millones de dólares, una cifra importante en un país austero y sometido al ajuste perenne.

Esa y otras informaciones sensibles sobre el astillero quedaron a la vista cuando se filtró un informe de Dun & Bradstreet (D&B), una consultora “dedicada al suministro de información comercial, de riesgo y financiera de empresas”. En un caso sin precedentes, el estudio fue encargado y costeado por cinco altos oficiales de la marina autodefinidos como “guardianes de la ética y la moral de nuestra Armada”.

El informe de D&B filtrado por el capítulo Uruguay  de portalmaritimo.com,uy, destruye la imagen de Cardama. Dice que sobre un indicador de riesgo de quiebra que varía de 1 a 4, califica con la máxima puntuación, es decir el nivel supercrítico, “lo que habla de su precaria situación financiera”. D&B aplica un puntaje de quiebra con una escala de 1 a 100 y le adjudica al astillero español una calificación 2, “empresa con alta probabilidad de quiebra”.

En el índice de morosidad en todas sus obligaciones (básicamente entrega de materiales comprometidos y pago a acreedores), Cardama obtiene un punto, el peor índice entre el 99% de las empresas españolas”. D&B identifica otros factores de descrédito que aconsejan no realizar negocios con Cardama, como son la escasa rentabilidad del negocio y las dificultades para cumplir con los compromisos.

El “dedazo” que designó a Cardama llegó tras planteos de Noruega, Paises Bajos, Francia y China, cuyo embajador, Wang Gang, salió en defensa de la Shipbuilding Trading Co, desechada pese a ser la oferta más sólida.

A Lacalle lo respaldaron las intervenciones del coronel Gary Symon (agregado militar) y Eric Geelan (consejero político) en sus visitas al Congreso. Y sobre todo la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. Obsesionada, como todo funcionario del gobierno Biden por las buenas relaciones de China con América Latina, en dos ocasiones la generala dijo en la capital uruguaya que a Estados Unidos le interesan el litio, el cobre, el petróleo y el oro americanos, pero sobre todo “enriquecer la alianza con la región para detener la expansión económica, diplomática, tecnológica y  militar de Pekín”, que “nos obliga a tener una actitud más agresiva”. No dijo defensiva.