El gobierno veta empresas recuperadas, mientras el mundo busca impulsarlas

Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, todas las leyes aprobadas en favor de los trabajadores que recuperaron empresas vaciadas por sus dueños fueron vetadas, tanto en el plano nacional como en el de la provincia de Buenos Aires, donde María Eugenia Vidal repite el mecanismo. En el mundo la tendencia es la inversa. Hay 14 países que tienen algún tipo de régimen que favorece que los trabajadores se hagan cargo de las empresas que cierran y hay dirigentes en Escocia y Estados Unidos que impulsan leyes que facilitan el traspaso. Incluso se puede tomar el ejemplo de Uruguay, cuyo sistema de apoyo a las cooperativas de trabajadores empieza a mostrar resultados superavitarios.

«Su finalidad podría considerarse loable, (pero) la concreción de dicho proceso expropiatorio implicaría un severo perjuicio en la posibilidad de asignar por parte del Poder Ejecutivo Nacional los recursos económicos disponibles a otras necesidades básicas insatisfechas para el conjunto de la población.» El texto del veto del presidente Mauricio Macri a la expropiación del Hotel Bauen para sus trabajadores, que lo administran desde 2003, contiene todos los prejuicios del gobierno hacia los trabajadores. Aparece allí la idea de que no pueden llevar adelante una empresa, que los derechos económicos que deberían ampararlos de la inequidad del sistema no son «necesidades básicas insatisfechas», y que el Estado no tiene por qué hacerse cargo de un tema entre empleadores privados y trabajadores. Tal postura llevó a los actuales funcionarios públicos a situaciones ridículas como la de agosto de 2017, cuando la vicepresidenta Gabriela Michetti recomendó a los despedidos de la empresa riojana de motos Puma que «preparen carpetas con curriculums» como solución a su situación.

Mientras esto sucede en la Argentina, el líder del Partido Laborista Escocés, Richard Leonard, impulsa que las empresas en problemas puedan pasar a manos de los trabajadores; la senadora demócrata estadounidense Kristen Gillibrand acaba de presentar un proyecto de ley que facilita y financia la posibilidad de que los trabajadores se hagan cargo de pequeñas empresas en los casos que sus dueños tengan dificultades o quieran abandonar la actividad, una situación muy común en el ámbito rural estadounidense. Y el estado norteamericano de Rhode Island aprobó la Ley de Oportunidad de Propiedad para facilitar que los trabajadores continúen con las empresas que puedan cerrar.

Muchos de estos proyectos y legislaciones toman como referencia la Ley Marcora, vigente en Italia desde 1985, que les da prioridad de compra de las empresas en dificultades a sus empleados, otorgándoles financiación y ayuda técnica para que puedan llevar adelante el traspaso. Esta modalidad permitió salvar 257 fuentes de trabajoque hoy están a manos de cooperativas de trabajadores.

Hay innumerables rubros en la economía argentina que claramente no están destinados a cubrir «necesidades básicas insatisfechas» y podrían atender estas demandas. La deuda de 19 mil millones de pesos que el Estado les perdonó a las empresas de energía en noviembre de 2016, por ejemplo, hubiera bastado no sólo para el reclamo de las 350 empresas recuperadas que ocupan a 25 mil trabajadores, sino también para fomentar la creación de cooperativas administradas por los trabajadores.

El mejor ejemplo de esta otra necesidad descartada por el Estado argentino está muy cerca, en Uruguay. Durante la presidencia de José Mujica se creó el FONDES (Fondo de Desarrollo Nacional) para financiar proyectos cooperativos que generen trabajo en la base social, administrado por los propios trabajadores. Hasta 2016, el sistema fue deficitario y varias cooperativas tuvieron problemas de funcionamiento que les impedían cubrir las cuotas de los créditos otorgados.

Lejos de considerarlo un gasto innecesario, la decisión uruguaya fue continuar con la idea ajustando el plan a partir de la experiencia recorrida y este año se logró el primer balance positivo. Naturalmente tanto el uruguayo como otros sistemas implementados en el mundo son perfectibles, pero el fomento estatal a la creación de fuentes de trabajo a manos de los trabajadores es un camino que varios países recorren sin prejuicios ideológicos, simplemente porque entienden que es una oportunidad de desarrollo económico autónomo que genera beneficios en la comunidad y resulta más efectivo que prenderle velas al mercado. «