El gobierno ya tiene la ley de Participación Pública-Privada

El presidente Mauricio Macri está “felí”, al menos así debería sentirse luego de que el Senado sancionara la ley de Participación Pública-Privada (PPP) que tanto había exigido a sus legisladores. A partir de ahora se abren las puertas para que, bajo el pretexto de conseguir la tan mentada lluvia de inversiones, se dé inicio a un nuevo proceso de privatizaciones en la Argentina. El senador Fernando Solanas lo sintetizó mejor que ninguno de los que hicieron uso de la palabra: “Es la ley de la derrota política y nacional para implementar un neocolonial de extractivismo económico”.

Fueron 43 votos a favor, unos 15 en contra y 3 abstenciones. No hubo festejos en el oficialismo. Hubiese sido una grosería porque, como reconoció el propio senador radical, Julio Cobos, la norma sancionada representa “una flexibilización y adecuación de dos leyes muy importantes como la de concesión de servicios públicos y de obras públicas”. Una definición que coincide con aquella que dijera el diputado massista Juan Brügge durante la sesión en que se modificó el proyecto: “Es una ley Dromi pero con controles”. La definición del diputado hacía referencia al proceso privatizador que se realizó durante los años del menemismo y a que el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, pronunciara el 17 de agosto de 1989 la frase que terminó por convertirse en una supuesta doctrina: “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”.

Durante el corto debate, los senadores del oficialismo se congratularon de la inminente sanción aunque no se privaron, como la tucumana Silvia Elías de Pérez, de considerar con cierto desdén y hasta desagrado las modificaciones impuestas por los diputados. “No es más que un simple maquillaje”, lo definió la tucumana.

El tema de los controles incorporados por la Cámara baja fue destacada por las senadoras María Labado (FPV-Santa Cruz) y la adolfista Liliana Negre de Alonso (San Luis). La puntana y la patagónica coincidieron en destacar la incorporación de “la defensa de la industria nacional” pero mientras Negre de Alonso anticipó que por esa razón acompañaba la sanción, la kirchnerista dijo que continuará votando en contra porque se dejó lado cuestiones vinculadas con el respeto a los convenios colectivos de trabajo locales.

El jefe del bloque del FPV, Miguel AngelPichetto, también hizo uso de la palabra. Reivindicó las más de 30 modificaciones al texto original que había enviado el Poder Ejecutivo y de ellas resaltó el control que deberá hacer la Auditoría General de la Nación (AGN). Un elemento que fue duramente cuestionado por el representante de Proyecto Sur, Fernando Solanas, quien consideró que es una ley que demuestra la “derrota política y nacional”, que ratifica la decisión del gobierno nacional del generar “un Estado rebobo que se endeuda y se queda sin beneficios, solo con daños y con deuda”. Pero además indicó que el haber incorporado a la AGN como supuesto órgano de control es en realidad es “un embuste porque no hace seguimientos de los proyectos sinoque actúa recién después de que se concrete la obra pública”. Por último cuestionó también la tan mentada Comisión Bicameral de Seguimiento, resaltada por oficialistas y opo-oficialistas. Lo hizo con un desafío: “Que alguien me cuente cuáles fueron los resultados de la comisiones de seguimiento de las privatizaciones y las fechorías que se hicieron en estos veinte años”. Nadie le respondió.

La promulgación de la norma por parte del gobierno nacional dará inicio al nuevo proceso privatizador a pesar de que en su letra diga que es obligación que al menos el 33 por ciento de los bienes y servicios utilizados en las respectivas obras sean de origen nacional. Una condición que con la sola implementación de mano de obra local se supera ese porcentaje que dice cuidar el trabajo nacional.