El gran sancionador

Se supo esta semana: EE UU sancionó a los capitanes de los cinco barcos con los que Irán abasteció de gasolina a Venezuela; un día después, el Senado estadounidense sancionó una ley que prevé sanciones a funcionarios chinos que socaven la autonomía de Hong Kong.

Después de la Guerra Fría, EE UU extendió la utilización de una serie de tácticas de guerra no convencional contra lo que fue designado genéricamente como «insurgencia». Esta denominación sirvió para catalogar a distintos tipos de agrupamientos políticos, sociales, religiosos que, en distintos niveles, amenazaban sus intereses estratégicos en el extranjero. La guerra económica puede entenderse dentro de este concepto amplio ya que incluye acciones destinadas a perjudicar y debilitar la economía de un Estado, a través de la utilización de métodos directos (sanciones/bloqueo económico) y/o indirectos (acciones de sabotaje). Los objetivos que persiguen las sanciones económicas van más allá del simple perjuicio monetario. Buscan presionar a gobernantes y funcionarios, destruir pactos comerciales o redireccionarlos, boicotear alianzas políticas, crear climas sociales caóticos (inclusive enfrentamientos armados) a fin de favorecer un futuro cambio de gobierno.

La guerra comercial EE UU-China y el consecuente deterioro de la hegemonía económica del primero en favor del segundo ha provocado un recálculo estratégico por parte de los tomadores de decisiones que transitan la Casa Blanca desde hace dos décadas. En 2018 el Comando Sur de EE UU reafirmó su necesidad de «romper el círculo vicioso y superar a Beijing y demás competidores» en América Latina, teniendo en cuenta que “China se ha convertido en el mayor inversionista y acreedor de la región”. Pero el problema de EE UU no se presenta sólo en lo que llama “su patio trasero”, sino en todo el mundo. Desde principios de este siglo, la competitividad pujante de sus capitales ya no es lo que era y la transformación de las alianzas políticas entre países a partir de este nuevo escenario requieren, según la lógica estadounidense, “algo más que diplomacia”. A esto se suman los problemas a los que conllevaron los últimos intentos de parte de EE UU por imponer su dominio a través de métodos político-militares (invasiones, golpes de Estado…).

Teniendo en cuenta esta debilidad relativa, no resulta extraño que haya optado por recurrir de manera generalizada a armas típicas de la guerra económica: las sanciones. La aplicación de esta estrategia marca una ruptura, ya que se trata de un despliegue táctico ultraofensivo que va en contra de todo el andamiaje legal internacional que estuvo vigente desde el fin de la segunda posguerra a esta parte. Irónicamente, el entramado hecho a imagen y semejanza de los intereses de EE UU hace más de cinco décadas es el que ahora obstaculiza su avance.

Pero no alcanza un contexto de guerra comercial para justificar “moralmente” ante la opinión pública la aplicación de sanciones que afectan las condiciones de vida de poblaciones civiles. Y no todos los países castigados son poderosos o ricos, más bien, todo lo contrario. Por eso, las sanciones económicas se ejecutan siempre acompañadas de un relato que oficia de “casus belli” y que “justifica” la implementación de cada medida. Luego se activa la extensa red de propaganda que es distribuida cual verdad por los medios de comunicación masivos, llegando a todos y todas en forma de producto empaquetado listo para ser consumido. Está ampliamente demostrado que las acusaciones que propina EE UU y reproduce la mayoría de las corporaciones mediáticas enmascaran otros intereses que, por lo general, tienen que ver con cuestiones geopolíticas ajenas a cualquier derecho humano o fin altruista. 

Es así como “el gendarme del mundo” es ahora (además) “el gran sancionador”, el país que más restricciones a la libre circulación de capitales impone en la actualidad, paradójicamente, en nombre del liberalismo. Es EE UU en modo siglo XXI: algunos de los países que sufren sus sanciones son: Corea del Norte (desde 1950) Cuba (1960) Irán (1979) Irak (1990) Myanmar (1993) Zimbabue (2002) Bielorrusia (2004) Siria (2004) República Democrática del Congo (2006) Sudán (2007) Sudán del Sur (2014) Somalia (2010) Costa de Marfil (2011) Líbano (2012) Ucrania (2014) Yemen (2012) Rusia (2014) Venezuela (2014) Burundi (2016) China (1989/2018).