El Grupo de Lima pidió una investigación «imparcial» por la muerte del concejal venezolano

El gobierno venezolano enfrentó este martes el reclamo de la comunidad internacional para que aclarase la muerte del concejal opositor de Caracas Fernando Albán. Los doce gobiernos integrantes del Grupo Lima expresaron su “profunda preocupación por la trágica muerte” del concejal ocurrida el lunes 8 de octubre. El dirigente opositor había sido detenido por su presunta complicidad en el intento de asesinato de contra el presidente Nicolás Maduro.

El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino emitió un comunicado en el mismo sentido en un comunicado que dice: “El gobierno argentino cuestiona la explicación brindada por las autoridades venezolanas sobre la causa de la muerte del concejal Fernando Albán y aboga por su rápido esclarecimiento”.

Mientras que el fiscal general de Venezuela, Tareck William Saab aseguró que se trató de un suicidó, sus correligionarios del partido Primero Justicia insisten en que fue asesinado. El Grupo Lima hizo un llamado a “realizar una investigación inmediata, imparcial e independiente, con aval internacional, para esclarecer los hechos y circunstancias que han ocasionado este terrible deceso y adoptar las medidas que correspondan”.

El llamado Grupo Lima se formó el 8 de agosto de 2017 en la capital de Perú. Se reunieron con el objetivo de atacar al gobierno de Venezuela. Su primer punto considera que en ese país se ha roto el orden democrático. Estados Unidos y la Unión Europea también reclamaron una investigación independiente.

El cuerpo de Fernando Albán fue llevado a la sede del Parlamento bajo mando de la oposición para rendirle honores. Luego fue trasladado a una capilla ardiente en la Universidad Central de Venezuela. El Parlamento aprobó este martes un acuerdo en el que «responsabiliza» al gobierno del presidente Nicolás Maduro por la muerte del concejal, y pedirá a la ONU y a la OEA la designación de expertos «independientes» para que investiguen.

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reclamó una “investigación transparente”, enfatizando que el Estado tenía la «obligación de garantizar» la integridad de Albán, ya que el concejal se encontraba bajo su custodia. Había sido detenido el viernes cuando regresaba de Nueva York, acusado de la explosión de un dron cerca de la tarima donde Maduro daba un discurso, el 4 de agosto.

Según el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, el detenido “solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso diez». El fundador de Primero Justicia, también  vinculado por el gobierno al atentado, está exiliado en Colombia.

El presidente Nicolás Maduro no se ha referido al tema.