El foro regional rechazó las “el destierro y despojo de la nacionalidad” y pidió a Ortega que “termine con las prácticas que coartan libertades y derechos humanos”.
El mandatario nicaragüense decidió retirar la nacionalidad a 317 nicaragüenses en los últimos días, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado por el gobierno de Ortega a territorio estadounidense.
Los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli; el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez; la veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez, el periodista Carlos Fernando Chamorro, el excomandante Luis Carrión, otros antiguos compañeros de armas de Ortega, entre otros, figuran en esa lista de nicaragüenses declarados apátridas por las autoridades judiciales de ese país.
Varios gobiernos latinoamericanos como México, Colombia, Chile y Argentina, además de España, ofrecieron acoger como nacionales a todos o algunos de los más de 300 opositores nicaragüenses desterrados del país centroamericano. Por ejemplo, Sergio Ramírez, que recibió el Premio Cervantes en 2017, aceptó recibir la nacionalidad ecuatoriana.
«Condenamos prácticas tan drásticas como el destierro y despojo de la nacionalidad», expresa en un comunicado el Grupo de Puebla, que manifiesta que esas «prácticas recuerdan las peores prácticas de las dictaduras derechistas de los 70s y 80s en nuestro continente».
Los firmantes del manifiesto -entre los que se encuentran el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y su homólogo colombiano, Ernesto Samper- expresan que saben que «gobiernos con vocación transformadora enfrentan permanentes amenazas y ataques de los sectores más reaccionarios de la sociedad».
Además agregan que «para los sectores más conservadores de EEUU, un gobierno independiente es siempre una amenaza, y promueven la oposición a estos gobiernos, a veces dentro de los marcos democráticos, pero también fuera de ellos».
Nada justifica que se coarten la democracia y las libertades
Pese a todo lo anterior, para la institución nada de eso «puede justificar que un gobierno de supuesta inspiración progresista, tome medidas que coarten la democracia y las libertades, especialmente las que se refieren al libre ejercicio de la oposición».
El Grupo de Puebla asegura que «Nicaragua es un pueblo de una historia aguerrida, que merece vivir en paz», por lo que hacen un llamamiento «al Gobierno de Nicaragua, a las fuerzas políticas de gobierno y oposición, a retomar el diálogo» que propusieron desde hace algunos meses. Manifiestan la necesidad de «terminar con las prácticas que coartan libertades y derechos humanos y respetar a la oposición en el ejercicio de sus derechos fundamentales en plena libertad, sin restricciones a su movilidad y como ciudadanos de Nicaragua».
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