La Inspección General de Justicia denunció una "nula predisposición" por parte del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad que dirige la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio y que está acusado de ser una "mera pantalla para recaudar fondos obtenidos de millonarios aportes de empresas, instituciones y empresarios".
A través de un comunicado, la IGJ aseguró que utilizaron como estrategia tomarse vacaciones para no atender a la interventora designada, Norma Cristóbal, con la intención de «imposibilitar la investigación encomendada».
«La Doctora Norma Cristóbal, en su carácter de interventora del instituto de estudios comunicó por medio de carta documento su intención de asumir ese cargo en forma inmediata. El día miércoles, se apersonó personalmente a la sede del instituto, en compañía de escribano, y se encontraron con una inesperada sorpresa el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES ) se encontraba de vacaciones desde el día 24 de Julio de 2023 al 31 de Julio de 2023, conforme cartel que había sido pegado a la puerta de acceso de la institución y por lo tanto nadie atendió su llamado», explicaron en el texto desde la IGJ.
Asimismo, agregaron que esta actitud denota «la nula predisposición de la asociación civil de cumplir la resolución del Ministerio de Justicia que dispuso dicha medida, intentando imposibilitar, con ello, la investigación encomendada a una profesional en Ciencias Económicas».
El ministerio a cargo de Martín Soria dictó la intervención del instituto tras dos meses de investigación donde se pudo comprobar que «constituye una mera pantalla para recaudar fondos obtenidos de millonarios aportes de empresas, instituciones y empresarios» de los cuales «se vale Patricia Bullrich para financiar su campaña presidencial».
Desde la IGJ señalaron además que este tipo de acciones están «en flagrante violación de toda la normativa prevista por el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles y por la Ley Nº 26215 de Financiación de Partidos Políticos».
La Inspección General de Justicia recordó que el análisis se basó en la documentación administrativa referida por la propia institución de Bullrich y que exhibió «incumplimiento de las actividades» y «encubrimiento de las verdaderas actividades de dicha institución».
En este sentido, se aseguró que una vez que la precandidata fue aludida por la resolución lo calificó como «un acto de persecución y hostigamiento a su persona» aunque reconoció que «vivía de la actividad y resultados de la asociación, lo cual esta prohibido por el Código Civil y Comercial».
Finalmente, desde el organismo de inspección explicaron que el IEES interpuso un recurso de apelación que no fue procedente y por lo tanto la intervención iba a «necesariamente llevarse a cabo».
«Las `actuales autoridades´ del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES ) prefirieron tomarse vacaciones», finalizaron desde la IGJ.
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