“Llegamos a un nivel donde se nos van de las manos algunas cuestiones, a un extremismo”, dijo el intendente de Malargüe luego de la aprobación de la ley de cupo trans en su distrito. Pidió a los concejales que la deroguen.
Se trata del intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, quien difundió un video cuestionando que el Concejo Deliberante local aprobara una ordenanza de adhesión a la normativa que establece la obligatoriedad de un cupo laboral trans en el Municipio.
La determinación del Concejo, que lleva el número 2.155 y fue aprobada el 21 de abril, establece: “Adhiérase al Departamento de Malargüe a la Ley Nº 14.783 Cupo e Inclusión Laboral para personas travestis y trans”.
“Me obliga a mí como intendente y a los próximos a contratar personas bajo el cupo que se denomina trans –dijo Ojeda- Esta ordenanza, en definitiva, no fue promulgada ni publicada por mí, y por lo tanto decidí una vez que cambió la composición del Concejo Deliberante, mandar nuevamente el proyecto para que sea derogado”.
El anuncio, justificó, obedece a “dos cuestiones básicas”. Aseguró que su distrito hizo “muchas cuestiones en la gestión por defender los derechos de cada uno de los ciudadanos, y especialmente en género”. Lo ejemplificó con la puesta en marcha de una Oficina de Género. Luego desarrolló el ‘pero’: “Llegamos a un nivel donde se nos van de las manos algunas cuestiones, a un extremismo”, definió sobre la medida que apunta a una de las minorías más estigmatizadas y relegadas en materia de derechos en todo el país.
El otro punto por el que propone su derogación, argumentó, es que “no se puede aplicar” y que no corresponde que el Concejo local adhiera a una ley de la Provincia de Buenos Aires. Ojeda criticó la medida al decir que son “cupos que estigmatizan” y sostuvo que prefiere que “cada uno tenga que esforzarse, trabajar para ser parte de una institución pero no por su condición de género”.
Como difundió en un video oficial, pidió a los concejales “que deroguen esta ordenanza. Lo digo sin ánimo de ofender a nadie”. Y consideró que la medida, considerada de vanguardia en materia de inclusión, es “inviable para la administración pública”.
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