Ezequiel Galli (Pro) se reunió con concejales opositores en su despacho, que pidieron su presencia en el recinto. Le cuestionan el contrato con la productora y la ausencia de seguridad. No descartaron juicio político.

Ritondo dijo que «tendría que haber habido el doble de policías», y de esa forma dejó traslucir la idea: desde Cambiemos le están soltando la mano al jefe comunal, que también deberá hacer frente a los reclamos de los concejales opositores. Se reunieron por la mañana en el Palacio Municipal y el primer cuestionamiento fue el contrato firmado por el intendente con En Vivo S.A. donde coloca al Municipio como fiador de lo que hicieran los organizadores, y le ofrece el predio de La Colmena a cambio de apenas 300 mil pesos, en dos cuotas. A pesar de que hay lugares con mejor señalización y acceso en Olavarría, por ejemplo el Autódromo, Galli les ofreció ese sitio que se encuentra en concurso de acreedores.
«Queremos hacer preguntas y que el Intendente responda. Las preguntas tienen que ver con las responsabilidades del Municipio en cuanto a la seguridad pública del predio, que es el Estado el que debe responder por esto. También está el tema habilitaciones y el tema del contrato. Ese contrato no pasó por el Concejo Deliberante y no está el expediente en Archivos y Decretos», declaró el concejal Emilio Vitale, del Frente Renovador, que presentó un pedido de interpelación a Galli en el Concejo.
Saúl Bajamón, del FpV, agregó que «el Intendente está en una situación muy delicada» y que el «Concejo va a resolver en consecuencia. Le vamos a pedir documentación al intendente con la palabra no alcanza. Queremos saber a quién le cobraban y a quien no le cobraban en los puestos». Y acotó: «Galli nos pidió que fuéramos sincero y yo fui. Le dije lo que preguntan los comerciantes ¿Cómo van a hacer para venir a controlar desde bromatología después de este descontrol? Otro concejal, Gerardo Ripoll, le preguntó sobre el tránsito y por qué llevaban a la gente como ganado».
En tanto, este martes la Provincia dispuso más de 400 agentes de la Bonaerense y de la Gendarmería para iniciar un operativo de rastrillaje en la ciudad. El fiscal general Marcelo Sobrino no descartó que haya más muertos: «No se sabe cuántas personas desaparecidas hay porque no hay registro».
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