El juez federal de Dolores lo decidió en el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal que tiene como acusados, entre otros, al fiscal Carlos Stornelli y al periodista Daniel Santoro.

Fue el pasado 18 de diciembre, y si bien se esperaba que Ramos Padilla tomara una decisión, sólo se limitó a preguntarle a D’Alessio si había declarado en libertad, si todo lo que estaba en el texto se correspondía con sus dichos y si sabía de las consecuencias que derivan de mentir como arrepentido. Del mismo modo le hizo la advertencia de que un eventual falso testimonio agravado podría acarrearle entre cuatro y diez años de prisión.
Esa postura del magistrado pareció adelantar la decisión que finalmente tomó en el último día hábil antes de la feria judicial de enero.
“La decisión legislativa de vincular la colaboración de un imputado a su posible libertad y la creencia que ello va a ocurrir si se aporta una información aparentemente valiosa para el interés de los investigadores constituye un dilema ético que no puede pasar desapercibido”, subrayó Ramos Padilla. Aseguró también que el “hecho de que el Estado detenga a un ciudadano, y le ofrezca que brinde información a cambio de recuperar su libertad, importa sobreponer la razón de estado al Estado de Derecho”.
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