Lejos de ganar en institucionalidad y democracia, el Brasil de los tiempos de Temer, es decir, de Michel Temer, presidente en funciones tras la suspensión de Dilma Rousseff, será un Brasil de inestabilidad jurídica, conflicto social y presiones de las corporaciones. Con los movimientos sociales movilizados y en alerta, y algunas naciones que aún defienden el proceso político instaurado por Lula da Silva en 2003, el escenario regional no se muestra favorable a revertir el «golpe parlamentario» contra la presidenta, como lo definió el Frente Brasil Popular, que canalizará la resistencia al gobierno en los próximos tiempos en las calles y el territorio.
Más allá de la dura posición de algunos países, los consultados estiman que muchos gobiernos en la región no opondrán resistencia y en algunos casos promoverán el desarrollo de un gobierno interino que pretende «volver a una situación donde las políticas las impone el Departamento de Estado de EE UU», como sentenció Joaquim Pinheiro, de la Dirección Nacional del Movimiento Sin Tierra (MST).
«Estos 180 días no auguran nada bueno para Brasil, sino una profunda recesión económica y un clima de inestabilidad institucional más fuerte, porque va a haber un presidente que asume sin legitimidad popular, con lo cual estará sometido fuertemente a la presión corporativa», consideró Agustín Rossi, parlamentario argentino en el Parlasur.
La Cancillería brasileña rechazó las condenas de Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, y las calificó de «falsas». Por otro lado, los estados, aún los que condenen el proceso, no tendrían posibilidad práctica de aplicar esa condena. «Brasil no es Paraguay, cualquier sanción comercial va en contra del que las aplique, porque hablamos del principal mercado de consumo de América latina», definió un analista que pidió reserva por su cercanía con el mundo diplomático, y agregó: «En segundo término, hay un aspecto ideológico. Los gobiernos argentino y paraguayo no hicieron ninguna declaración de condena, al contrario. Ni Perú, Chile y Colombia van a salir a condenar el proceso.» El primer comunicado del gobierno argentino fue de «respeto» al «proceso institucional que se está desarrollando» en Brasil. Luego, la Cancillería expresó su preocupación, pero destacó la «legalidad del proceso».
A título personal, el colombiano Ernesto Samper, secretario general de Unasur, se mostró preocupado al hablar de «circunstancias de inestabilidad» que podrían trasladarse a la región. «Registramos con mucha preocupación la presencia en Latinoamérica de unos poderes fácticos, de unos actores que hacen política sin responsabilidad y están comprometiendo la gobernabilidad democrática de una manera peligrosa», señaló Samper, y afirmó que Rousseff «sigue ostentando el título de presidente constitucional», mientras dure el proceso. Más allá de estas declaraciones, no se avizora un horizonte donde los miembros de Unasur se pronuncien en bloque.
«La mayoría de los países de la región y EE UU van a mirar para otro lado, con el argumento de que el impeachment es constitucional», advirtió Ariel Basteiro, ex embajador argentino en Bolivia. En ese país, el presidente Evo Morales expresó «su profundo rechazo a estas acciones que pretenden desestabilizar los procesos democráticos». Sin embargo, la relación con Brasil está condicionada por el intercambio comercial y el contrato de compraventa de gas hasta 2019 que tienen las estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras. Desde febrero hay negociaciones que perfilaban la renovación hasta 2040, pero la salida del Partido de los Trabajadores (PT) del gobierno genera alerta. El tuit de Morales tras la decisión del Senado pareció subrayar esa preocupación: «Los pueblos humildes condenamos el atentado contra la democracia y la estabilidad económica del Brasil y la región.» «
Informes: Mariano Vázquez (desde Bolivia) y Nicolás Zuberman
