El kirchnerismo presentó un proyecto para estatizar siete represas hidroeléctricas

El senador Oscar Parrilli presentó un proyecto de ley para gestionar de manera estatal las siete represas eléctricas privatizadas durante los 90, cuyas concesiones vencen en 2023. Son las que están ubicadas en las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro y Chubut. El legislador cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández propuso la continuidad de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional a través de la empresa pública Energía Argentina S.A. (ENARSA), en sociedad con las provincias.

La iniciativa propone que, a partir del año próximo, cuando finalicen las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional “la administración, operación y explotación de cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos otorgados oportunamente en concesión, sea asumida por Energía Argantina S.A. (ENARSA)”. El proyecto obtuvo el acompañamiento de los legisladores Silvia Sapag, de Neuquén, Martín Doñate y Silvina García Larraburu, de Río Negro, y Carlos Linares, de Chubut.

Además, ordena que Enarsa deberá asociarse con las provincias titulares del recurso. Como opción para cada caso, el proyecto abre la puerta para que se pueda “incorporar la participación del capital privado”, siempre y cuando la empresa estatal mantenga el 51% de las acciones.

Para Parrilli, la “compleja coyuntura” internacional derivada de la guerra en el Este de Europa “ha puesto en el centro del debate público la necesidad de acelerar el desarrollo de nuestros recursos hidrocarburíferos, convencionales y no convencionales, en orden a garantizar el abastecimiento interno y colocar crecientes excedentes en el mercado externo, como así también, fortalecer el desarrollo de fuentes alternativas, como las renovables”.

Luego de la reforma del Estado llevada adelante durante la década del 1990, gobierno de Carlos Menem, se sancionó la Ley 24.065 que privatizó “la administración, operación y explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos existentes de la esfera pública a la privada, a través de contratos de concesión de 30 años de duración, con excepción de las entidades binacionales”. Son contratos que, a partir de agosto del 2023, comienzan a vencer.

El legislador neuquino asegura en su texto que “la experiencia de casi 30 años nos revela que la gestión privada, por sí sola no genera necesariamente mayor inversión, ni garantiza la expansión del sector. A partir de la concesión de los aprovechamientos hidroeléctricos comenzó un periodo de declinación de la participación de la hidroenergía en la matriz energética. Del 43% de potencia instalada en 1994 se disminuyó al 25% actual”.