El lado B de la quiebra del Correo: veinte mil acreedores exigen sus PPP

Uno de los grandes símbolos de la economía y la política de los años 90 fueron las privatizaciones. En rigor, muchas de ellas fueron concesiones, pero lo concreto es que empresas estatales pasaban a manos privadas. Otro símbolo de los 90 fue la precarización laboral y la pérdida de derechos por parte de la clase obrera. En aquellas privatizaciones, decenas de miles de argentinos perdieron sus trabajos. Hubo una suerte de premio consuelo que fue el Programa de Propiedad Participada, a partir del cual el plantel de empleados se quedaba con un porcentaje cercano al 10 por ciento de la empresa que se privatizaba. Sin embargo, la mayoría nunca vio un centavo.

El valor de esas acciones es importante para cualquier trabajador; sobre todo, si tenemos en cuenta el esquema de convertibilidad de aquellos años, en el que un peso tenía el mismo valor que un dólar.

Este fue el caso de trabajadores del Correo Argentino, de Segba (energía) e YPF. Hoy, continúan en la lucha por obtener aquello que les corresponde y lograron que el Senado esté muy cerca de tratar el tema, a partir de proyectos de ley de reparación presentados por la senadora Silvina García Larraburu (Frente de Todos), que obtuvo el apoyo de otros senadores como Jorge Taiana (FdT); Víctor Zimmermann (Juntos); María Inés Pilatti Vergara (FdT); Silvia del Rosario Giacoppo (UCR); Antonio José Rodas (FdT), Pablo Daniel Blanco (UCR – Juntos), Anabel Fernández Sagasti (FdT) y Norma Durango (FdT).

“En todos estos años, pasó de todo. En un principio, solo cobraron los compañeros que se fueron y vendieron sus acciones a la empresa. Al resto, la empresa siempre nos dilató, los sindicatos se vendieron y los juicios se cajonearon. En 2003, cuando Kirchner le saca el Correo a Socma, no obligó a reglamentar el tema de las acciones. Socma se lavó las manos y se fue”, relató Héctor Barba, coordinador a nivel nacional de las y los trabajadores del Correo Argentino que reclaman por el valor de sus acciones, en diálogo con Tiempo.

En total, son 20 mil afectados del Correo. “En 2007, varios empezamos a caminar los pasillos del Congreso. Primero, obtuvimos respuesta del diputado Néstor Pitrola (FIT – PO), que presentó un proyecto. Pero en Diputados sufrió muchas modificaciones, actualizaciones y fue mutilado”, recordó.

En 2018, lograron llegar a Senadores, y García Larraburu avaló el proyecto que le acercaron. “No podemos hablar de acciones porque desaparecieron. No existen. El proyecto es de resarcimiento por montos más o menos acordes al valor de aquellas acciones, que eran el 14% de la empresa”, completó Barba.

Jorge Galati fue trabajador de Segba, que después derivó en Edesur, Edenor, Edelap, Central Costanera y Central Puerto. La concesión produjo 16 mil despidos. “La empresa nos decía que no correspondía nada, que las acciones las teníamos que pagar y con dividendos de la empresa. O sea, un delirio por dónde se lo mire”, contó Galati.

“Con un grupo hicimos un reclamo administrativo, que nos llevó 5 años y la Justicia falló a favor nuestro, en 2019. La Justicia le dijo al Ministerio de Economía que debía pagar. Hasta el día de hoy estamos con sentencia firme y esperamos a que los peritos saquen los números que deben pagarnos”, explicó.

“No nos quedamos ahí, sino que vamos por los 16 mil compañeros y compañeras que quedaron en la calle, para que cobren lo que les corresponde, ya sean ellos o sus herederos, porque lamentablemente muchos han fallecido. Estamos buscando a nuestros compañeros para ayudarlos a reclamar lo que les corresponde”, aseguró Galati.

José Luis Poverene es punta de lanza en la lucha de las y los trabajadores de YPF que también reclaman sus acciones. “YPF es el único de estos casos que tiene una ley a favor, pero está todo parado en Consolidación de Deudas, del Ministerio de Economía”, afirmó Poverene.

“Cuando se privatiza, en 1991, la ley establecía que el 10% de las acciones era del personal. En 1997, cuando se transfieren las acciones a Repsol, no se tuvo en cuenta ese 10 por ciento. El Estado solo retuvo la acción de Oro, del veto. El personal cesanteado para 1991 fue de 30 mil. Solo 6 mil quedaron adentro, fueron los que cobraron; unos 90 mil dólares”, contó.

Esa ley fue también impulsada por Pitrola y el proyecto mutilado en el Congreso. “Tuvimos que rebajar nuestro requerimiento a tal punto que los que cobran lo hacen en el orden de los 150 mil pesos”.

Ahora, resta que las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social del Senado Nacional traten estos proyectos, ya que la mayoría nunca vio un centavo. «

Los proyectos que avanzan en el Senado

Son dos los proyectos presentados por García Larraburu: el 66/21 y el 67/21. El primero es la Ley de Indemnización a exagentes de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (Encotel – Encotesa) y el segundo es idéntico para la Empresa Pública de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA). Ambos proyectos se encuentra en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, desde marzo de este año, a la espera de ser tratados.

En el caso de YPF, que ya tiene ley, hay una complicación sin resolver: “Nos pagan con bonos de consolidación de deuda, que vencen el año que viene. No sabemos qué va a pasar con quienes aún no cobraron, una vez que venzan los bonos. El panorama es triste. Hay muchos con graves problemas de salud, que son muy mayores”, contó Poverene.

Finalmente, agregó: “Seguimos buscando al resto de los compañeros o a sus hijos, en caso de que hayan fallecido, para que cobren lo que les corresponde o al menos lo que podamos conseguir”.