El lado de B de la reurbanización de la Villa 31: amenazas, violencia, «zona liberada»

Legisladoras porteñas del Frente de Todos denunciaron que el proceso de reurbanización del Barrio Padre Mugica ( ex Villa 31) provocó una grave situación de abandono en el Bajo Autopista y que las familias que aún no se relocalizaron sufren amenazas y violencia. Además, las vecinas del lugar indicaron que son hostigadas, que la policía no actúa y que se generó una “zona liberada”.

La diputada Maru Bielli sostuvo que las familias que no llegaron a un acuerdo con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta son forzadas a dejar sus hogares y que las nuevas casas tienen problemas graves de construcción. “Las relocalizaciones del Bajo Autopista se tienen que hacer, es parte del proceso de urbanización y no nos oponemos a eso. Lo que criticamos es la modalidad en la cual se lleva adelante. Fue muy difícil que los vecinos pudieran llevar adelante un proceso transparente de condiciones por las cuales se hizo el intercambio hacia las viviendas. Hay muchas obras menores de las cuales no se hace cargo ni el Gobierno de la Ciudad ni la empresa constructora. Como este proceso se extendió en el tiempo, fueron quedando familias aisladas dentro del sector que tuvieron demoliciones cercanas, incluso muchas veces sin consentimiento”, le dijo la legisladora a Tiempo Argentino.

Alrededor de 1400 familias vivían en el lugar y la mayoría fueron reubicadas a través del «Plan de Integración Urbana y Social del Barrio 31». Sin embargo, denuncian que las condiciones de las nuevas casas no son óptimas.  María Elena Buñon es enfermera profesional, tiene 55 años y vive en la Manzana 99, en la que solo queda su casa y la de una vecina, rodeadas de escombros. Comentó que el gobierno porteño no le garantiza una vivienda en las mismas condiciones y que sufre presiones para dejar su lugar. “Yo quiero que me respeten la Ley 6129, que me den una vivienda mejor o igual a la que vivo. Vengo luchando en la Legislatura y en todos lugares. Yo no me quiero ir a esos lugares que son de chapa y durlock y mucho menos ahora que se vieron dos incendios y están sufriendo porque no tienen ni agua caliente ni fría. Yo en mi casa tengo todas las comodidades, el agua, la luz y la cloaca, mis cerámicas. Yo sufrí amenazas. La semana pasada,  a la medianoche, vinieron a romper la ventana, sufrí mucho atropello. Hice denuncias en la fiscalía, pero no hay justicia. La policía nos maltrata”, le dijo la vecina a este diario.

El estado de abandono de la demolición y los escombros provocaron serios problemas: denuncias de violaciones y robos. Además de la propagación de ratas y cucarachas. “Cuando se lleva adelante un proceso de este tipo tiene que haber condiciones de habitabilidad que no lleven a un proceso forzoso de relocalización. Esto tiene que contemplar que haya luz, que no queden estructuras en las que se denuncien episodios de acoso sexual. Además, hubo un femicidio en esta zona. Quedó en una situación tal que hace que las últimas familias que están teniendo que arreglar su proceso de mudanza se vean forzadas a irse  sin las condiciones de cantidad de ambientes que corresponde”, explicó Bielli.

Ese es el caso de Sonia, una vecina del Bajo Autopista que tuvo que dejar su casa por las situaciones que vivía a diario con las demoliciones. “Ya era insoportable vivir ahí porque estábamos viviendo en medio de escombros, suciedad, ratas, cucarachas, robos, amenazas. La hemos pasado muy mal porque metían máquinas y empezaban a demoler y temblaban todas las casas. Nosotros nos parábamos y frenábamos. No se podía vivir ahí, han violado a una chica”, le dijo a este diario. 

Además, se quejó de las características de las nuevas casas. “Me mudé a las viviendas del gobierno que tenemos que pagar a 30 años y ya se van cayendo. No están bien hechas. Son de chapa y cartón. Aprovecharon la pandemia para mudar a casi toda la gente y no nos quedó otra que mudarnos porque no se podía vivir ya. Dejaban los escombros, se criaban ratas, la gente hacía sus necesidades, tiraban basura, robaban y se repartían”, indicó Sonia. Bielli junto a la legisladora Ofelia Fernández responsabilizan a  la Secretaría de Integración Social y Urbana a cargo de Diego Fernández. “Son varias las familias que se mudaron porque no es un lugar digno para vivir. Hubo muchos meses en los cuáles la situación fue realmente terrible por la falta de policía y muchos robos”, agregó Bielli.