El límite

Todo lo que viole la Constitución Nacional y el Estado de derecho está fuera de la democracia.

Los diputados nacionales Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernando Araujo, violaron el Estado de derecho en la Argentina, reivindicando a asesinos condenados no sólo por la justicia de nuestro país sino además por la justicia de Francia, por haber cometido asesinatos considerados Crímenes de Lesa Humanidad.

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, frente al horror perpetrado por el nazismo a través del asesinato masivo de 6 millones de judíos, un millón de gitanos y de cientos de miles por su condición mental o física, con métodos aberrantes que degradaron la condición humana, la ONU comenzó a establecer a través de Declaraciones, Pactos y Tratados de Derechos Humanos, una serie de normas de carácter internacional para fijar condiciones mínimas para la humanidad y que nunca más se vuelva a repetir el horror vivido durante esa guerra.

No hace falta volver a describir los campos de concentración, las torturas y muerte en cámaras de gas y su posterior incineración del 50 por ciento de la población judía de Europa. Esos crímenes fueron castigados en cada lugar de la tierra en donde se encontraban esos criminales y a los crímenes se los consideró imprescriptibles, imperdonables (no amnistiables) y con la obligación de perseguirlos por parte de los Estados. Se los llamó crímenes contra la humanidad.

Los asesinos, condenados por la justicia argentina por crímenes de Lesa Humanidad que fueron reivindicados por los diputados, son Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Carlos Suarez Mason y Raúl Guglielminetti. Reitero, todos ellos condenados a cadena perpetua por haber cometido crímenes aberrantes.

Pero me voy a detener en uno sólo de los condenados, Alfredo Astiz. Podría recordar los horrores cometidos por cada uno, como secuestros extorsivos en democracia, robo de niños, vuelos de la muerte, pero me detendré en uno sólo como muestra del horror.

Astiz fue condenado a cadena perpetua(en ausencia) en Francia, por los asesinatos de las monjas francesas Alice Domon y Leoniet Duque. Además fue condenado por asesinar a la adolescente Sueca Dagmar Hagelin y por el asesinato de 10 personas más, señaladas por él, en la Iglesia de la Santa Cruz entre las que se encontraban Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco (las tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo). Se comprobó que los secuestrados fueron llevados a la ESMA, torturados, arrojados vivos al mar, enterrados como NN y años más tarde, reconocidos sus cuerpos por el equipo argentino de antropología forense.

¿Se puede reivindicar semejante horror? Por supuesto que no y por ese motivo fueron condenados, con sentencia firme, por la Corte Suprema de Justicia luego de años de proceso judicial.

La Constitución establece en el artículo 66 que cada Cámara puede sancionar a sus miembros, llegando a la exclusión de su seno, es decir a la expulsión, por inhabilidad moral sobreviniente.

¿Qué significa esto? Que si un legislador, luego de ser electo tuviera una conducta incompatible con la democracia, la propia Cámara lo puede echar, expulsar.

Ocurrió con el ex diputado Ángel Luque, quien, en 1990, luego de que se acusara a su hijo Guillermo del asesinato y descuartizamiento del cuerpo de la estudiante María Soledad Morales, en un reportaje radial señaló que su hijo era inocente porque si hubiera sido el hijo “el cuerpo no aparecía más”.

Esas declaraciones aberrantes fueron consideradas inaceptables para un diputado nacional y la Cámara lo expulsó por inhabilidad moral sobreviniente.

Por mucho menos, en pandemia, cuando un diputado nacional apareció en un zoom besando la teta de su mujer, el entonces presidente de la Cámara pidió su expulsión, pero el diputado renunció para evitar el castigo.

Lo que han hecho estos seis diputados nacionales, reivindicando a asesinos confesos y justificando entonces crímenes ya sentenciados por la justicia, los inhabilita para continuar en el cargo y deben ser expulsados por sus pares.

En estos días, todos condenamos las expresiones racistas que algunos jugadores de la selección nacional de fútbol profirieron contra jugadores franceses. Inmediatamente la Federación francesa pidió la intervención de la FIFA, el club inició un sumario y el jugador pidió disculpas, aclarando que ese no era su pensamiento, que está en contra de la discriminación y que estaba arrepentido.

En el caso de los diputados, Benedit reivindicó a los asesinos, argumentando lo que los represores decían en el Juicio a las Juntas y que la Justicia desechó, el argumento de la guerra sucia. La justicia argentina los condenó por asesinatos, por no respetar el estado de derecho, por no juzgar a nadie por el poder judicial, por violar la garantía de defensa en juicio, por secuestrar, torturar, robar, violar y asesinar.

Si un diputado argumenta en favor de que se cometan todos estos delitos, si desconoce la división de poderes, los derechos y garantías constitucionales que debiera defender y no defiende, no puede seguir siendo diputado de la nación violando el sistema democrático.

No podemos seguir naturalizando semejante despropósito, al mismo tiempo que condenamos la conducta de jugadores de fútbol.

Ellos, los jugadores deberán pedir disculpas y comprender que el racismo se cobró millones de vidas a lo largo de la historia. Los diputados tendrán que cumplir su papel de defensa de las instituciones de la República y expulsar de su seno a aquellos 6 que reivindican la tortura, desaparición y muerte. De no ocurrir, triste será el destino de nuestra Patria.