«El massismo quiere evitar que investigue»

“Es una distracción pergeñada por el massismo para evitar que se investigue el dinero que tenía en su casa.” Carlos Washington Palacios, el fiscal suspendido el martes pasado, asegura que es víctima de una estrategia político-judicial ungida en el norte del Conurbano para castigarlo por haber investigado supuestas irregularidades en los allanamientos en los que se detuvó a un prefecto que, en julio de 2013 y en plena campaña electoral, entró a robar a la casa del entonces intendente de Tigre, Sergio Massa.

“Se está afectando a la división de poderes y a la independencia del Ministerio Público Fiscal. El mensaje que intentan bajar es muy grave: ‘No investiguen ningún delito que tenga vinculaciones con el poder político porque los vamos desplazar del cargo’”, dice Palacios, días después de que un jury de enjuiciamiento lo suspendiera provisoriamente por 90 días.

Sus detractores suponen que el fiscal buscó beneficiar al prefecto Alcides Gorgonio Díaz, quien en marzo del año pasado fue condenado a 18 años de prisión. Sin embargo, Palacios sostiene que su investigación corre en paralelo a la detención del delincuente, quien también era agente de Inteligencia del Ministerio de Seguridad, y que no busca embarrar la cancha.

–¿Por qué le ocurre esto?

–Se trata de una distracción pergeñada por el massismo para evitar que se investigue la cantidad de dinero que el imputado robó de la casa. Me están pasando factura por haber procesado a un delegado municipal de Tigre en 2010 y a unos 60 policías del distrito, la mayoría integrantes del Centro de Operaciones de Tigre que responden políticamente al Frente Renovador.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº7 de San Isidro acreditó que el 20 de julio de 2013, el prefecto Gorgonio Alcides Díaz dialogó con otros colegas de armas hasta que Malena Galmarini, la mujer de Sergio Massa, salió de su casa del country Isla del Sol. Barreteó la puerta y entró al lugar con fines de robo. A las doce horas, los investigadores ya estaban apostados en la casa del sospechoso y en la de sus padres, de donde rescataron lo robado: 65 mil pesos, 1200 dólares y joyas.

Pero lo que dicen los papeles no coincide con lo que denunció la mujer del imputado, Graciela Garate, pero sobre todo, con los dichos del testigo César Jaunarena, quien denunció aprietes de la policía para que no hablara de lo que había visto en los allanamientos. A partir de noviembre de 2014, Palacios comienza a indagar en las supuestas irregularidades.

–¿Qué pudo advertir durante la investigación?

–Entre otras irregularidades y evidentes delitos, se descubrió: adulteración del acta de los allanamientos en los domicilios del condenado; falsedad ideológica de dicha acta, ya que se alteró la secuencia de los allanamientos y los movimientos de los funcionarios que los realizaron. Además, quienes debían firmar todas las hojas del acta no lo hicieron en la última, donde se falsificó la firma de un policía y se estableció que en los procedimientos participó un funcionario municipal de alta jerarquía, cuya presencia no se consignó.

–¿Qué información se exponía en la última hoja?

–Tenía el detalle del dinero secuestrado.

Palacios prefiere no identificar a ese funcionario. Se trataría de Diego Santillán, quien habría participado activamente del operativo, llevándose de manera clandestina en un bolso grandes cifras de dinero que en el expediente no se precisan.

Quien sí aludió a Santillán con nombre y apellido fue la diputada Elisa Carrió, al precisar este mismo episodio en la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, donde denunció al ex fiscal de Delitos Complejos de San Isidro, Claudio Scapolan, por archivar una causa en la que Garate, la mujer del prefecto, detallaba estas circunstancias. “Es plata de la campaña, que la guardaba en su casa”, dijo Carrió.

Scapolan y el juez de Garantías Diego Martínez lograron en marzo de 2015 quitarle a Palacios la denuncia por las irregularidades, y el expediente quedó planchado. «

La sombra de Julio Novo en el juicio político

El jury contra Palacios fue impulsado por el ex fiscal de Delitos Complejos de San Isidro, Claudio Scapolan, y por el presidente del bloque del Frente Renovador del Senado bonaerense, Jorge D’Onofrio. Hoy Scapolan está suspendido y a las puertas de un juicio político. Elisa Carrió lo describió como el “ejecutor” del “perverso e ilícito esquema” montado por el ex fiscal general de San Isidro, Julio Novo, denunciado por Palacios años atrás.

Novo, de estrecha relación con Sergio Massa, fue suspendido por la Suprema Corte, está procesado por la Justicia Federal y enfrenta un juicio político, acusado de dar cobertura a una banda narco colombiana que operaba en la zona norte.

El martes, el jurado de enjuiciamiento –conformado por cinco representantes de los colegios de abogados, cinco legisladores y un integrante de la Suprema Corte– decidió por ocho votos a favor y dos en contra avanzar con el juicio político a Palacios. Los representantes de la Corte, el Frente Renovador, el PJ y Cambiemos votaron la suspensión. Se opuso el diputado de la Coalición Cívica.