«El mensaje político actual frente a los abusos marca un retroceso»

El lunes pasado en el Sindicato Argentino de la Manufactura del Cuero, en Villa Crespo, se desarrolló el plenario nacional de la Campaña contra la Violencia Institucional. Del encuentro participaron militantes de distintas organizaciones sociales y políticas, que llegaron desde varios puntos del país para dar testimonio del estado de la cuestión respecto a las prácticas abusivas de las fuerzas de seguridad y el cambio de paradigma en el Poder Ejecutivo nacional.

El panel de apertura contó con la presencia estelar de Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que opinó que en la actualidad “hay una degradación del Estado de Derecho. Es preocupante el mensaje que se baja a las fuerzas de seguridad”.

”El programa económico no cierra, aumenta el desempleo y crecerá el delito contra la propiedad. La crisis recesiva –reflexionó- traerá más prisionización. Habrá sobrepoblación en las cárceles y motines. Todo ocurrirá con cobertura mediática. Los jueces que se opongan a la lógica de la época sufrirán el linchamiento mediático”.

Respecto a la reforma del Servicio Penitenciario Bonaerense, Zaffaroni apuntó que “en la provincia de Buenos Aires, la administración apunta a la privatización de las cárceles”.

El autor del “Enemigo en el Derecho Penal”, entre otras obras, dijo que “tampoco tranquiliza el discurso de los funcionarios a cargo de la seguridad a nivel nacional. Con el pretexto del narcotráfico van a meter a las fuerzas armadas a cumplir funciones policiales. El colonialismo financiero recorta soberanía. Antes fue la guerra contra el terrorismo, ahora será la guerra contra el narcotráfico el modo de ejercer esa vigilancia crónica”.

Finalmente, el ex magistrado y actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que son los medios de comunicación “los que ayudan a construir esa realidad. Vas al interior del país y te preguntan: ¿Cómo podés vivir en Buenos Aires que te matan? Y eso no es verdad. La realidad es que Buenos Aires es una de las ciudades más seguras para vivir”.

Luego de la exposición de Zaffaroni y las selfies de ocasión, llegó el turno del debate en comisiones. Así, los militantes se dividieron en dos grupos para intercambiar experiencias territoriales respecto a la problemática.

“Armamos una multisectorial para trabajar la Campaña. Nos reunimos cada 15 días y damos charlas en colegios y hasta explicamos a las nuevas camadas de policías sobre los derechos a respetar”, contó Lucía, abogada y vecina de Pilar.
Por su parte, Raquel Witis, madre de Mariano, fusilado por la Bonaerense en 2000, añadió que la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte, enlaza “las practicas represivas de la dictadura con las actuales. Tenemos que armar un protocolo de acción barrial y sentarnos a debatir con los intendentes y fuerzas de seguridad locales”.

A su turno, Paola, de Chaco, detalló que trabajan para formar promotores de derecho que comiencen a trabajar el año que viene para “mejorar la prevención de hechos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad”.

Luego fue el turno de Juan Pablo, de Pergamino, que señaló que “la violencia institucional castiga más al pobre que al clase media. En nuestro territorio buscamos formar un frente con distintas organizaciones para atender la problemática”.

Más tarde, Lucho, de Ituzaingó, pidió “militar la campaña desde abajo. En nuestro territorio, tratamos de no dar falsas expectativas a las familias que necesitan contención frente a hechos graves de este tipo”. En este sentido, Emiliano, de Córdoba, detalló que “la promoción de derechos en los barrios es compleja. Debemos repensar cómo interpelamos a la sociedad y de qué manera pasamos de la fase denunciativa a la construcción de un visión política de la ´seguridad´”.

Anahí, militante de San Martín, reveló que “las compañeras trans que son trabajadoras sexuales naturalizaron pagar la esquina a la Policía. Cuando no llegan a cubrir la paga, entran en el circuito de la venta de estupefacientes y hasta las obligan a satisfacer las demandas sexuales de policías, incluso hasta presos. Después se convierten en el chivo expiatorio de la Policía”.

Finalmente, Gaston Schiller, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), afirmó que “desde el CELS fuimos críticos del gobierno de Daniel Scioli respecto al manejo de la seguridad y de la figura de Ricardo Casal. La diferencia a partir del 10 de diciembre es que antes el gobierno nacional ponía límites con su política de derechos humanos. Ahora cambió el discurso nacional y en el territorio se percibe. Tenemos que articular políticas para relevar la problemática en los territorios. Porque el mensaje político frente a los abusos es preocupante. Marca un retroceso”.