La presentación fue formalizada por Gaspar Uriel Tizio, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud de la Nación, y quedó radicada en el Juzgado Federal 1, a cargo de María Romilda Servini, informaron fuentes oficiales.
En la denuncia, se pide que se investigue si la presidenta del PRO cometió un delito al efectuar declaraciones en las que denunciaba que el contrato con la farmacéutica Pfizer no había avanzado por “conductas que podrían ser penalmente reprochables, por parte del exministro de Salud de la Nación” Ginés González García.
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La presentación fue realizada por Gaspar Uriel Tizio, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud de la Nación, y quedó radicada en el Juzgado Federal 1, a cargo de María Romilda Servini, informaron fuentes oficiales.
La denuncia se basa en parte de una entrevista realizada el domingo 23 de mayo en el programa televisivo La Cornisa, en el que Bullrich denunció que uno de los contratos para adquisición de vacunas contra el coronavirus no habría avanzado por la intención de Ginés González García de “intentar tener un retorno”. Tras esas declaraciones, el laboratorio Pfizer emitió un comunicado sosteniendo que “no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento”.
En el texto de la denuncia, a la que accedió Télam, el Ministerio de Salud pide que se investiguen las declaraciones de Bullrich porque “pueden configurarse un delito, ya que pueden atentar contra la confianza de la población en las vacunas y en la campaña, y además, podrían impactar en las negociaciones en curso”.
“En virtud de la gravedad institucional que tiene, no solo para esta cartera, sino para toda la Nación la acusación realizada públicamente, es que se realizan las presentaciones con el fin de avanzar en la investigación de los extremos denunciados”, dice la denuncia.
“Las acusaciones realizadas respecto de las negociaciones por la adquisición de vacunas contra el virus COVID-19, pueden tener un gran impacto en la confianza de la población respecto de la campaña de vacunación, y allí radica la gravedad institucional que nos convoca”, dice el texto y agrega: “Estos ataques pueden tener como consecuencia una desconfianza generalizada en el proceso de vacunación”.
También se recuerda que desde la Secretaría de Gestión Administrativa de la cartera de Salud “se han llevado a cabo, y continúan llevándose a cabo negociaciones con el laboratorio involucrado, a los fines ampliar la provisión de vacunas contra el virus SARS-COV-2”.
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