La nueva norma busca disminuir "las consecuencias letales y lesivas" de su uso y la protección del personal a través de controles y formación profesional.
La normativa, que lleva la firma de la titular de la cartera, Sabina Frederic, entró en vigencia a partir de la publicación de la resolución 377/2020 en el Boletín Oficial.
El programa se pondrá en funcionamiento frente a «todo hecho en el cual se produzca disparo de armas de fuego y que involucre a personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, haya o no heridos o fallecidos como consecuencia de dicho suceso».
Lejos de las doctrinas impulsadas por Patricia Bullrich por su paso por Seguridad, en el texto se destaca el respeto de los estándares de derechos humanos emanados de la Constitución Nacional y los «principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley», adoptados por la Naciones Unidas (ONU).
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Además, el texto señala que las pautas elaboradas por el programa, que actuará bajo la órbita del Gabinete de Asesores del ministerio, deberán ser aplicadas en el plazo de un mes por los jefes de la Policía Federal, la Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, «a fin de ajustar sus procedimientos internos a pautas generales de actuación ante hechos de uso de armas de fuego que involucren al personal a su cargo».
Por último, la resolución añade la conformación de una Comisión Ad Hoc integrada por representantes de las subsecretarías de Derechos, Bienestar y Género; de Control y Transparencia Institucional y de Formación y Carrera de cada una de las fuerzas federales, «para el seguimiento y coordinación de la adecuación normativa e institucional».
En ese sentido, detalla que el Gabinete de Asesores podrá convocar a las reuniones de dicha Comisión a integrantes del Comité Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, así como a representantes de la sociedad civil.
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