En 2020 la convocatoria se había demorado más de la cuenta. Es que, en general, el organismo presidido por quien ejerce el cargo de Ministro de Trabajo se reúne a mediados de julio pero el año pasado la cita se produjo recién en el mes de octubre.
Allí se fijó un incremento del 28% que se abonaría en tres cuotas que culminaron en marzo llevando el salario mínimo vital y móvil hasta los $21.600. A diferencia de lo que había ocurrido en los años anteriores que, ante la distancia entre los reclamos sindicales de llevar el haber hasta el valor de la Canasta Básica Total, el diferendo se había resuelto con un laudo ministerial, esa vez la suba del mínimo contó con el aval de las organizaciones sindicales y sociales con excepción de la CTA Autónoma conducida por Ricardo Peidró.
En aquel momento, las organizaciones sindicales y sociales que participan del Consejo manifestaron su malestar por el retraso en la actualización y la creciente pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo y reclamaron un compromiso por escrito para que, este año, el organismo se reuniera una vez hubiera ingresado la última de las cuotas, en abril de 2021.
La cartera laboral cumplió con ese compromiso y el martes puso fecha a la convocatoria para el 27 de abril con el propósito de discutir la actualización del haber así como la determinación del mínimo y el máximo de la prestación de desempleo.
El incremento anterior del 28% quedó muy por detrás de la suba de precios en el período que va desde marzo del 2020 a marzo de este año en la medida en que los precios (estimando una inflación para el mes de marzo del 3,5%) se incrementaron alrededor de un 38%.
Pero además, la última suba del mínimo, antes de octubre de 2020, había impactado en septiembre de 2019. Así las cosas, la última quedó muy por detrás de la inflación entre septiembre de 2019 y marzo de 2021, que acumuló un 66% en general y un 72% para la Canasta Básica Total que mide la pobreza.
De hecho, la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo, del cual además depende el piso para el haber mínimo jubilatorio, el inicial docente, y los montos de los beneficios de los programas del Ministerio de Desarrollo Social que están fijados en un 50% de su valor, se mantiene en forma sostenida desde enero de 2017 con relación a la CBT que es precisamente la pauta de equiparación que, históricamente, exigen las organizaciones sindicales.
Para lograr ese objetivo, si es que las organizaciones formalizan nuevamente ese reclamo (la CGT reunirá a su mesa esta semana con ese propósito), la suba debería llegar hasta un 177% ya que, en la actualidad, el mínimo de $21.600 equivale a apenas un 36% del valor de la CBT que, proyectada a marzo con una suba del 3,5% ya supera los $60 mil.
El valor del mínimo se ha deteriorado sistemáticamente desde enero de 2017 cuando equivalía a un 60% de la Canasta Básica Total hasta llegar al mencionado 36%. En ese camino perforó la línea de indigencia establecida por la Canasta Básica Alimentaria hoy por encima de los $25 mil (proyectando una suba del 3,5% para marzo).
De hecho, en aquel mes de 2017, el haber mínimo representaba una vez y media el valor de la línea de indigencia mientras que, en la actualidad, apenas representa un 85% de ese valor. Dicho de otra forma la pérdida del poder adquisitivo del haber con relación a la CBT acumula un 40,5% y con relación a la CBA un 41,8 por ciento.
