UTEP y Unidad Piquetera reclamarán por comida y en defensa del poder adquisitivo de los planes sociales.
Las organizaciones desafiarán el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y buscarán generar cortes en todo el país con epicentro en cinco accesos clave a la Ciudad de Buenos Aires. El principal foco de conflicto será, como es costumbre, el Puente Pueyrredón, que une la ciudad de Avellaneda, en el sur del conurbano bonaerense, con la Avenida 9 de Julio en la Ciudad de Buenos Aires.
El antecedente inmediato es el que se produjo el pasado 23 de febrero cuando, según las organizaciones, fueron bloqueados 500 puntos en todo el país en lo que calificaron como «la acción unitaria más importante de la última década».
La unificación del movimiento piquetero y las organizaciones sociales bajo la consigna «El hambre no espera» se produce como resultado de la política de ajuste del gobierno de Javier Milei y, en particular, del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Petovello. Los dos principales puntos que indujeron a las organizaciones a encarar un plan de acción en común son, en primer lugar, la interrupción en el envío de alimentos para los miles de comedores populares en todo el país, que forzó a las organizaciones a reducir drásticamente su tarea de asistencia social en los barrios y a realizar colectas de alimentos solidarias entre organizaciones sindicales, estudiantiles y la población en general.
En muchos casos los comedores se vieron obligados a reducir sus prestaciones desde todos los días a apenas un día en la semana cuando la pobreza, según la UCA, ya afecta al 57% de la población.
El segundo punto clave del reclamo tiene que ver con los ingresos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. Es que, al menos hasta febrero de este año, el mismo iba atado a la evolución del salario mínimo vital y móvil, que perdió un 19% de poder adquisitivo en 2023 y que habría resignado un 22% adicional en los primeros tres meses del año.
Pero además, mediante el decreto 125/24, el gobierno nacional definió la virtual disolución del programa Potenciar Trabajo y el traslado de todos sus beneficiarios al Programa de Inclusión Laboral (PIL) que no está sujeto a la resolución que engancha el beneficio con la evolución del salario mínimo. Los casi 1,3 millones de actuales beneficiarios del Potenciar Trabajo ya no actualizarán sus ingresos de la mano del haber mínimo sino en función de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. «
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