El negocio en nombre de la transparencia; por Ana Bizberge

Con una votación de 3 a 2, la mayoría republicana al frente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) revirtió la clasificación de la banda ancha como servicio público y puso fin a la neutralidad de red consagrada en 2015 durante la gestión del demócrata Tom Wheeler.

La normativa de 2015 modificó disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones de 1996 al plantear que el acceso a la banda ancha dejaría de ser considerado como un «servicio de información», con una regulación liviana, y sería clasificado como «servicio de telecomunicaciones», con obligaciones de servicio público de los common carriers. Bajo este nuevo esquema, los ISP tenían prohibido el bloqueo de datos y la priorización de oferta de servicios.

Con la actual decisión de la FCC, los proveedores de Internet podrían bloquear, acelerar o disminuir o priorizar el tráfico para la transmisión de contenidos, servicios y aplicaciones creando «autopistas rápidas» para algunos de ellos en detrimento de otros. 

Además se elimina el «estándar de conducta de Internet», que había permitido a la anterior administración investigar a Verizon y AT&T por prácticas de zero rating. Relatores de Libertad de Expresión de ONU y CIDH habían advertido que estos programas no podían reemplazar a las políticas públicas para reducir la brecha digital.

Otra consecuencia de la decisión es la pérdida de competencias del regulador para hacer cumplir la neutralidad de red. La protección de los consumidores de banda ancha queda en manos de la Comisión Federal de Comercio.

El presidente de la FCC, Ajit Pai,  asegura que estas decisiones benefician a los consumidores al promover la competencia. 

Argumenta que, desde la perspectiva de las empresas, una regulación liviana alentará inversión en redes –especialmente en áreas poco servidas sostiene Pai, a pesar de que es sabido que las empresas invierten con criterio de rentabilidad–. Además, desde este enfoque, bajar la carga regulatoria promovería el desarrollo de startups y la innovación de los gigantes tecnológicos. Esta premisa olvida que la economía digital no se sustrae de las reglas que han regido a las industrias culturales históricamente. Si bien la cadena del ecosistema digital está formada por actores que ingresaron al mercado desde la periferia, pronto se convirtieron en jugadores concentrados, muy lejos de promover la proclamada competencia.

Desde la perspectiva del consumidor, el argumento del regulador se asienta en la transparencia. El enfoque de la FCC privilegia una perspectiva de autorregulación por la que los requisitos que deben cumplir los proveedores de acceso se basan en hacer transparentes sus prácticas comerciales.

La decisión de la FCC, consagra el triunfo de la perspectiva pro negocio, que tendrá consecuencias en la diversidad de voces en Internet y repercusiones con impacto global. «