El NOA, Cuyo y Litoral encabezan los índices de extranjerización de tierras

Hace una semana, Tiempo mostró quiénes son las personas y empresas extranjeras que acaparan miles de hectáreas en la Patagonia. Sin embargo, los mayores índices de extranjerización de la tierra están en las provincias del Noroeste, Cuyo y Litoral. En esta segunda nota, indagamos sobre los dueños de esas tierras, que tienen tanto impacto como Benetton o Lewis, pero pasan más desapercibidos. En el Litoral, donde los Esteros del Iberá arden, los departamentos con mayores índices de extranjerización son los que rodean esa reserva de agua dulce.

La provincia que encabeza el ranking nacional es Salta, donde el 11,5% de las tierras rurales están en manos de capitales trasnacionales. Una de las empresas con mayor presencia es la china High Luck Group Limited que posee 300.000 hectáreas en Juan Solá, Tartagal Oriental. Opera concesiones de petróleo y gas en Argentina y Estados Unidos y pertenece al grupo New Times Energy Corporation con sede en Hong Kong. En el 2019 fue denunciada junto a su socia Pampa Energía por desmontes en el departamento de Rivadavia. A pesar de eso, en 2020, el gobernador Gustavo Saez les otorgó la concesión de explotación de petróleo.

Según los datos de Land Matrix, un grupo de investigación que monitorea las Grandes Transacciones de Tierras (GTT) en países de ingresos bajos y medios, la lista en Salta es extensa. En base a un análisis de esa información que realizó para este medio Lucas Seghezzo, investigador independiente del CONICET y profesor de Sociología Ambiental de la Universidad Nacional de Salta, se puede determinar qué otros jugadores están en la provincia. La empresa Quebracho Colorado S.A tiene más de 150.000 hectáreas en General Pizarro, El Quebrachal y El Bobadal. Sus dueños son Paul David Gabel y David Kent Gabel, dos hermanos de Texas que se dedican al cultivo de soja, trigo, maíz, y cría de ganado bovino. También tuvieron conflictos por desmontes. Le sigue la estadounidense Golden Minerals Company con 67.000 en San Antonio de Los Cobres, donde explotan oro, plata y cobre. Con 50.000 hectáreas figuran Paladin agropecuaria S.A  ( con tierras en El Carril) y la francesa Eramet, que en diciembre del año pasado anunció la inversión de 400 millones de dólares para retomar la construcción de una planta de litio.

Según el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), después de Salta siguen Misiones (11%), San Juan (10,4%), Corrientes (9,2%), Mendoza (8,7%) y Catamarca (8,64%). En Misiones está el gigante de Arauco, una multinacional chilena con origen en una privatización durante la dictadura de Augusto Pinochet, que tiene 233.700 hectáreas. Según un artículo escrito por los investigadores Fernando Romero Wimer y Paula Fernández Hellmund en el libro Fiebre por la Tierra en 2019, la expansión abarca el 48% de bosques nativos. Además, controla más del 40% de nueve cuencas hidrográficas provinciales. En algunos departamentos, los porcentajes son escandalosos y están muy alejados del 15% de tenencia en manos extranjeras permitido por la Ley 26.737: en Puerto Libertad tiene 65.000 de las 80.000 hectáreas del municipio (el 81% de las tierras) y en Puerto Piray tiene 22.000 de un total de 35.400 hectáreas (62%). La expansión descontrolada expulsa a las comunidades indígenas mbya guaraní de la zona. También tienen campos en Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.

En Caligasta, San Juan, la empresa offshore suiza Estomonte AG tiene 404.769 hectáreas. En esa misma localidad, otra offshore, Xstrata Pachón, radicada en Bermudas, tiene más de 30 mil hectáreas para un proyecto de extracción de cobre. Según los registros de Land Mark, la minera canadiense McEwen Mining tiene 51.000 hectáreas en el cinturón de la Cordillera de los Andes. Allí desarrolla un proyecto de extracción de cobre en Los Azules.

En Corrientes, los capitales extranjeros tienen forma de fundaciones que se presentan como ambientalistas que luchan por proteger a la naturaleza. Allí, donde hoy el fuego arrasa con los humedales, está presente la Fundación Tompkins que posee 154.616 hectáreas. Muchas de ellas fueron declaradas como áreas de conservación y algunas tierras fueron donadas, pero en los hechos son las fundaciones las que controlan el territorio. Los investigadores Verónica Pohl Schnake y Víctor Hugo Vallejos lo explican en el libro Fiebre por la tierra:»The Conservation Land Trust (de Tompkins) promueve la creación de la Ruta Escénica Esteros del Iberá. Si bien entre sus objetivos manifiestos está presente la conservación, no es ajeno a la explotación turística con ofertas de alto nivel en el corazón de los Esteros, beneficiándose de la existencia del Parque, Reserva Natural Provincial y Sitio Ramsar. De allí su interés por crear también un Parque Nacional y la propuesta de Manejo de la Reserva que promueve”, indican. Aquí también se da el fenómeno de expulsión de comunidades originarias. “Hay denuncias hacia CLT por parte de residentes ancestrales en los Departamentos de San Miguel, Mercedes e Ituzaingó, ante la compra de grandes extensiones de tierra, donde se plantea un manejo conservacionista generando restricciones a las actividades productivas y desplazamiento de población. Se verifica una estrategia de ir rodeando el Iberá y ‘cerrándolo’”, agregan.

Los niveles de extranjerización más altos de la provincia se dan en los departamentos que comprenden a los Esteros del Iberá: Ituzaingó, Concepción, San Miguel, San Roque y Berón de Astrada. Además de la Fundación del fallecido Douglas Thompkins, hay otras tres grandes empresas. La Universidad de Harvard, a través de Las Misiones y Empresas Verdes Argentinas (Evasa), tiene 85.471 hectáreas, el húngaro George Soros acumula 76.498 hectáreas y “Madame Beaux”, una millonaria francesa llamada Gilberte Yvo-nne de Beaux, suma 51.178 hectáreas. Los cuatro concentran casi el 40% de tierras extranjerizadas.

Las poblaciones campesinas de Catamarca también sufren la presión para abandonar las tierras que habitan ancestralmente. Es lo que vivieron nueve comunidades de la zona de La Paz. Allí, en 2003, la empresa con capitales estadounidenses ‘Los Poquiteros S.A.’ compró 116.290 hectáreas. Las familias que viven allí desde siete generaciones atrás, tuvieron que recurrir a la Justicia para no ser desalojadas. Se trata de alrededor de 800 personas. En algunos casos, la sentencia fue favorable a ellas. «