El oficialismo busca acelerar el «super Rigi» que reducirá aún más impuestos para grandes grupos económicos

El oficialismo quiere poner primera con el tratamiento en comisiones de uno de los proyectos que mandó el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. La semana que viene se espera un plenario de comisiones para comenzar el tratamiento del “Súper RIGI”, un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias.

La iniciativa es uno de los nuevos caballos de batalla del gobierno libertario, que busca atraer capitales superiores a los USD 1.000 millones para industrias de alta tecnología que actualmente no operan en el país o se encuentran en etapas experimentales.

De hecho, el presidente Javier Milei señaló esta tarde que “tiene como objetivo profundizar las conquistas del RIGI, incentivando la inversión, específicamente en áreas que hoy no existen en el país”.

“La lógica es muy simple: es mucho más beneficioso cobrar menos de algo que cobrar mucho de nada, por lo que imponerle una alta carga fiscal a algo que no existe no trae un beneficio para nadie, mientras que bajarle la carga fiscal puede generar que ese algo exista en primer lugar y nos beneficie a todos en el proceso”, describió Milei en el marco de la conferencia del Latam Economic Forum.

El proyecto giró a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, a cargo del libertario Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza); Industria, presidida por un aliado del oficialismo, el santacruceño José Luis Garrido (Por Santa Cruz); y en Ciencia, Tecnología e Innovación, bajo la conducción de Martín Yeza (PRO).

Desde Unión por la Patria, Ariel Rauschenberger opinó que “es un exceso de reducción de impuestos para sectores muy concentrados, en contra de lo que pide la pyme”. “No comparto que haya una baja tan fuerte para estas actividades que igual van a venir, como el caso del RIGI con la minería”, agregó el diputado Rauschenberger, quien integra la comisión de Presupuesto.

Puntos clave del proyecto

Según el proyecto, el régimen tendrá una duración inicial de cinco años una vez que sea aprobado en el Parlamento. Establece una reducción de la alícuota al 15%, a diferencia del RIGI que estipula un 25% y el régimen general un 35%.

Asimismo, fija un gravamen único del 3,5% sobre las utilidades distribuidas y permite deducir el 60% del valor en el primer año y el 20% en los dos años siguientes. Además, aplica únicamente a proyectos y actividades económicas genuinamente nuevas. Quedan expresamente excluidas las empresas que ya entraron al RIGI original o que planeen simples ampliaciones de plantas existentes.

En cuanto a los sectores que se verán beneficiados, se encuentran los tecnológicos, como centros de datos para Inteligencia Artificial (IA), semiconductores e infraestructura digital. También se incluyen las energías limpias para la producción de hidrógeno verde, fabricación de paneles solares y turbinas eólicas, junto a la industria automotriz y minera para la fabricación de vehículos 100% eléctricos y el procesamiento o manufactura de baterías de litio.