El oficialismo en el Senado le baja el tono al debate interno por el pliego de Rafecas

En el Frente de Todos reconocen que designar al juez federal Daniel Rafecas como el procurador general en el contexto de pandemia es casi imposible este año. Por eso  la titular del Senado, Cristina Fernández, y el senador oficialista Oscar Parrilli apostaron a otro camino. Avanzar con el tratamiento de proyectos de ley presentados por la oposición que proponen modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal respecto a la duración del cargo del procurador general de la Nación, que hasta ahora es vitalicio.

En este contexto fue que por trascendidos periodísticos Rafecas hizo circular su posición. Fue respecto a los artículos del proyecto que proponen flexibilizar el sistema de mayorías necesario para nombrar al procurador. La modificación sería para que en lugar de necesitar dos tercios de los presentes, como es en la actualidad, sea por mayoría simple. Según los trascendidos, Rafecas habría dicho en un chat de magistrados: “No estoy dispuesto a prestarme a eso. Si es así, si el gobierno modifica la ley y va a dejar de exigir dos tercios, yo me bajo”.

En el Frente de Todos hubo varias respuestas públicas. Por lo bajo, fuentes del oficialismo le dijeron a Tiempo que hubieran preferido que se evitaran los trascendidos. Fueran tomados como una desautorización e intromisión en las atribuciones del Senado.

Para evitar más especulaciones, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, ratificó este miércoles que la postulación del Poder Ejecutivo para la procuración es Rafecas. “Esperemos que el Senado acompañe la candidatura”, sostuvo la funcionaria. Y sobre los supuestos dichos del juez agregó: “Yo no hablé con él. Pero conociéndolo entiendo que lo que quiso decir es que se requiere un gran consenso para su designación”.

La necesidad de modificar la permanencia definitiva en este puesto es un tema en el que oficialismo y oposición coinciden. De hecho los proyectos en debate en la Comisión de Justicia pertenecen a los senadores opositores Lucila Crexell, Movimiento Popular Neuquino, y Martín Lousteau, de Juntos por el Cambio.

El Frente de Todos tomó las iniciativas presentadas en diciembre del año pasado. Su tratamiento comenzó rápidamente el lunes en la Comisión de Justicia que preside Parrilli, con la exposición de especialistas en el tema. El kirchnerismo confía en que el proyecto se va a sancionar en las próximas semanas. Sobre todo porque sería “raro” que los redactores de los textos voten en contra de su propia letra.

En la oposición, la mesa de conducción de Juntos por el Cambio se reunió este miércoles para tomar una posición. Elisa Carrió la semana pasada se había distanciado del espacio opositor para pedir a los senadores que respalden el pliego del candidato del gobierno. En Cambiemos señalaron que «en el momento en que el oficialismo en el Senado tome la decisión de avanzar con el pliego propuesto por el presidente vamos a expresar una posición”.

Qué dice la ley.

El Procurador General de la Nación es designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes. Es lo que establece el artículo 5 de la Ley 24.946 (Orgánica del Ministerio Público). Podrá ser removido por las causales y mediante el procedimiento de juicio político establecido en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional.

El pliego remitido por el Poder Ejecutivo para la designación de Daniel Rafecas como procurador general de la Nación ingresó formalmente en marzo. Tomó estado parlamentario en el recinto durante la sesión prevista en la que se trató la modificación del régimen jubilatorio de jueces y diplomáticos.

El pedido todavía se encuentra en la Comisión de Acuerdos que preside la senadora mendocina – muy cercana a Cristina Fernández- Anabel Fernández Sagasti. Allí se deberá convocar a una audiencia pública en la que Rafecas deberá brindar un informe sobre su trayectoria y responder las preguntas de los senadores, que luego tendrán que firmar un dictamen. Actualmente en el cargo de procurador general de la nación se encuentra Eduardo Casal, de manera interina, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, en 2017.

Durante todos estos meses, las denuncias de fiscales contra Casal por irregularidades fueron tratadas en la comisión bicameral del ministerio público fiscal. Incluso algunas giraron a la comisión de juicio político de Diputados.