El oficialismo refuerza sus argumentos en favor del impuesto a la riqueza

El cerrado rechazo que cosechó el impuesto excepcional a la riqueza adelanta que el oficialismo tendrá dificultades para hacerlo aprobar en la Cámara de Diputados, la primera que lo discutirá. Es más, la posibilidad de que el tratamiento del tributo se mezcle con el del Presupuesto 2021 podría condicionar su avance.

La oposición parlamentaria basa su rechazo en la opinión del mainstream del tributarismo local, cuyo núcleo son los grandes estudios contables que asesoran a las empresas más fuertes y que se manifestó en contra del “Aporte Extraordinario y Solidario”, tal su nombre oficial.

En tanto, el oficialismo buscó reforzar a lo largo de este fin de semana sus propios argumentos con una cantidad de declaraciones favorables, desde la del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, hasta la de legisladores e intendentes enrolados en el justicialismo.

El impuesto a los ricos se aplicará a las personas con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos con una tasa progresiva que irá del 2 y el 3,5%, aunque para quienes tienen bienes en el exterior, subirá hasta el 5,25%. El objetivo declarado es recaudar unos 300 mil millones de pesos para reforzar las arcas públicas, aunque esos fondos tendrían destinos concretos, entre los cuales se encuentra la asistencia a los sectores de población más vulnerables, como los beneficiaros del programa Progresar y de los barrios populares, además del respaldo a la actividad de YPF.

En rigor, la presencia de este objetivo junto con otros, como el respaldo a las pymes, son distintas formas de atraer a las parcialidades legislativas para que aprueben el texto oficial. Tal cual está, Integración Energética Argentina SA (Ieasa) recibiría 75 mil millones de pesos con los cuales impulsaría «programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural» y ejecutaría a través de YPF «en forma exclusiva».

YPF atraviesa un pésimo momento financiero por el sobreendeudamiento al que apeló su anterior dirección para solventar el pago de sus deudas y los proyectos de expansión en energía renovable, que no son rentables, al mismo tiempo que reducía su producción.

Otros 60 mil millones irían a solventar subsidios a las micro, pequeñas y medianas empresas «con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores», según expresa el proyecto.

Aspectos económicos

El proyecto estipula que el aporte lo realizarán las personas con un patrimonio igual o superior a los 200 millones de pesos al 31 de diciembre de 2019. Según los cálculos de los autores, los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner, alcanzará a unas 12 mil personas, la mitad de las cuales tiene patrimonios de entre 200 y 400 millones de pesos, mientras que la tasa más elevada recaería solo en 300 personas.

El gravamen plantea alícuotas progresivas que arrancan en el 2% y llegan al 3,5% para los patrimonios de 3000 millones de pesos o más. Para los bienes radicados en el exterior la alícuota será de hasta un 50% superior, es decir, podría alcanzar el 5,25%, aunque existe la posibilidad de una reducción del 30% en caso de que sean repatriados en hasta dos semanas después de la publicación de la ley en el Boletín Oficial.

El impuesto a los ricos llega, además, en medio de un debate sobre los alcances de la reforma impositiva que pergeña el gobierno y que –según las palabras de la titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont– apunta a «incrementar la base impositiva del Impuesto a las Ganancias», aunque estaría descartado que haya un aumento de las alícuotas que pagan los asalariados.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, lo repitió ayer en una entrevista con Radio Diez: «El Ministerio de Economía ayer (por el viernes) desmintió esa versiones y fue tajante. No se está trabajando sobre eso», dijo y agregó: «El gobierno de los tarifazos y los impuestazos se fue el 10 de diciembre».