El operativo de seguridad que busca imponer una ciudad blindada y desierta

Desde el jueves 29 de noviembre hasta el sábado 1 de diciembre, salvo los aviones que trasladarán a los mandatarios del G20, no habrá vuelos en un radio de 45 kilómetros, con un detalle: se habilitará el derribo de aeronaves. Tampoco funcionarán todas las líneas de trenes metropolitanos –incluidas las que recorren buena parte de sus trayectos en la provincia–, las seis de subte y el Premetro. Los colectivos, en tanto, deberán modificar sus recorridos para adaptarse al operativo de seguridad, que literalmente blindará la vasta zona comprendida entre las avenidas Independencia, Entre Ríos y Callao, Las Heras, Figueroa Alcorta y La Pampa. El Metrobus del Bajo y el de 9 de Julio quedarán interrumpidos y la terminal de ómnibus de Retiro, al igual que el puerto, permanecerán cerrados, lo que dificultará, entre otras cosas, cumplir con el deseo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de que “los porteños se vayan de la Ciudad de Buenos Aires” durante esos días.

Que el derecho a la libre circulación de ciudadanos y ciudadanas esté restringido ya es un atropello. Que se viva, como advierten los organismos de Derechos Humanos y confirma gran parte de la sociedad civil al leer (ciertos) diarios, un virtual contexto de cacería policial para generar un clima de tensión y un ejemplo de disciplinamiento de la protesta social, es de una gravedad escalofriante.

En un comunicado que lleva el anticipatorio título de “No nos vamos a ir”, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció que “en una nueva vuelta de tuerca al escenario que hace más de un año venimos definiendo como ‘estado de excepción’, el gobierno de Cambiemos intenta instalar un clima de terror para frenar las luchas y las protestas crecientes. Con la misma soltura que hace unos días nos decía que éste es un ‘país libre’ y que, por lo tanto ‘el que quiera andar armado, que ande armado’, ahora directamente nos quiere echar de la ciudad durante la cumbre del G20″.

La declaración de Correpi está en sintonía con la de varias organizaciones sociales que anunciaron su presencia en las calles durante la reunión de mandatarios, para manifestarse “contra el hambre y el aumento de la pobreza que vienen profundizándose a raíz de la política económica de ajuste que impulsa el macrismo”.

En ese sentido, sostiene el comunicado de Confluencia Fuera G20-FMI, “la principal preocupación del gobierno estará puesta en mostrar una imagen positiva de la Argentina. Para tal fin, destinaron millones de pesos para garantizar el operativo de seguridad y para evitar disturbios. Pero el aumento descomunal de la pobreza y la situación de precariedad en la que viven millones de personas no se pueden ocultar bajo la alfombra».

De acuerdo a lo que confirmó el propio gobierno, el operativo de seguridad tendrá un costo de al menos 4 millones de dólares (incluida, por ejemplo, la compra de inhibidores de drones y material de defensa antiaéreo) y contará con más de 20.000 efectivos de todas las fuerzas federales: Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. A ellos se sumarán uniformados de la Policía de la Ciudad, la Bonaerense, personal de la AFI y hasta el Ejército y la Fuerza Aérea.

Demasiado despliegue si te toma en cuenta que hasta el momento las detenciones y allanamientos tuvieron como objetivos a comerciantes de origen libanés, jóvenes anarquistas y clubes sociales como La Cultura del Barrio, de Villa Crespo, que en su página de Facebook advirtió: “Ahora a cuidarse. Ayer fuimos nosotrxs (junto con otros espacios), mañana puede pasar lo que sea en donde sea. Esta escalada de violencia del aparato represor recién empieza, hoy más que nunca necesitamos estar unidxs!” «