El opositor Capriles fue inhabilitado por 15 años por corrupción

Por: Boyanovsky Bazán

Por realizar convenios de cooperación sin autorización durante la gobernación de Miranda, que termina en 2018.

La Contraloría General de la República, máximo organismo de control de la gestión pública, le comunicó el jueves al gobernador del estado de Miranda y uno de los líderes de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), Henrique Capriles Radonski, que se le había impuesto una inhabilitación por 15 años por hechos de corrupción. El caso lo comunicó de inmediato el propio Capriles, a través de su cuenta de Twitter el viernes. «El único INHABILITADO en este país eres tu @nicolasmaduro. Tú y la narco corrupta cúpula que te acompaña!», dijo dirigiéndose a la cuenta del presidente Nicolás Maduro. Más tarde, repitió la consigna en un acto masivo frente a seguidores en el municipio de Sucre, en Miranda, y acompañado por otros representares de la oposición como el ex presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup.

«Si la dictadura chilla es señal de que estamos avanzando. Son paramilitares políticos. Utilizan los cargos para eliminar a sus adversarios», dijo. Además se declaró «en campaña» y pidió «permiso» por sus responsabilidades como gobernador para recorrer el país «no como candidato, sino para cambiar a toda Venezuela».

Según informó la Contraloría ayer, Capriles incurrió en ilícitos administrativos durante su gestión como gobernador durante los años 2011, 2012 y el primer trimestre de 2013, por haber actuado de manera negligente al no presentar el proyecto de ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2013 ante el Consejo Legislativo de Miranda. La inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas entraría en vigencia a partir de la fecha en la que Capriles cese en sus funciones como gobernador del estado Miranda en 2018.

En el texto difundido por la Contraloría, que lleva la firma de su titular, Manuel Enrique Galindo Ballesteros, se especifica que Capriles celebró «convenios de cooperación internacional entre la gobernación a su cargo y las Embajadas de la República de Polonia y de Gran Bretaña, sin la autorización legal requerida, y por omitir el procedimiento de selección de contratistas, comprometiendo el presupuesto público mediante contratación directa». La resolución, que el acusado podrá apelar, se basa en una investigación iniciada en 2016.

«Capriles celebró convenios de cooperación con embajadas de Polonia y Gran Bretaña sin la autorización legal, omitiendo el procedimiento de selección de contratistas, comprometiendo el presupuesto público mediante contratación inmediata», dice el texto.

La inhabilitación convocó el repudio de Luis Almagro, secretario de la OEA, y de gobiernos opuestos al chavismo, como el de Argentina.
Al cierre de esta edición, Capriles denunciaba que uno de sus locales había sido atacado con bombas, lo que ilustró con fotos de una edificación en llamas. «¿Cuál es el plan, Maduro, matarnos?», tuiteó. «

La oposición ilegal y la Constitución

El Tribunal Supremo de Justicia había declarado en enero pasado en desacato a la directiva de la Asamblea Nacional, tras la jura de tres diputados de la Mesa de la Unidad (MUD) electos por el estado Amazonas el 6 de diciembre, que fueron suspendidos provisionalmente por el Poder Judicial por irregularidades de votos en esa región. Aún así, con mayoría opositora, la AN avanzó en la aclamación de Julio Borges (MUD) como presidente del cuerpo y continuó en el plan destituyente a la manera de Michel Temer en Brasil.

«Esa Asamblea dominada por la oposición proclamó que el presidente Maduro había abandonado su cargo, algo absurdo y evidentemente falso y propuso convocar elecciones presidenciales en el plazo de un mes. Ese intento de golpe de Estado desde el Parlamento no recibió ni una sola crítica de los que ahora dicen que hay un golpe de Estado en Venezuela», advierten a Tiempo desde el oficialista PSUV.

La oposición avanza ahora con un pedido de remoción de los jueces intervinientes. La constitución exige que para remover a un magistrado del TSJ, la AN necesitara mayoría calificada de dos tercios. La paradoja es que esa mayoría que hoy ostenta la oposición no es considerada legal porque ya fue declarada nula por las irregularidades en tres de sus miembros.

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