Nunca se había visto un robo más descarado que el que propician Mauricio Macri-Hernán Lombardi y Fernando Marín, como para nombrar una línea media, que tiene otros jugadores de menor valía o renombre. El Estado argentino paga nada más y nada menos que 2000 millones de pesos por la televisación del fútbol, y esa cifra el otorga el derecho a una publicidad verdaderamente extraordinaria, muy importante y penetrante, como no podría serlo de otra manera.
Dos mil millones dan el derecho a resarcirse y la única forma es llevar a cabo la divulgación de hechos que el Estado pretende fijar en la opinión pública. Los temas a abordar pueden ser tan diversos como se pretenda. Solamente en los relacionados con la salud, podemos enunciar, casi a vuelo de pájaro, ítems como drogas, dengue, Sida, mal de Chagas, cólera, campañas de vacunación, consejos sobre el calor y el frío. Pero sin ingresar en otros anuncios de cuestiones de su gestión que estrictamente puede publicitar el gobierno, también se deben dar explicaciones didácticas de cobros y ventajas que desconocen para jubilados, por dar un par de ejemplos. La lista es interminable.
Pero Macri-Lombardi-Marín, esa línea de mediocampistas tan mentada, juegan descaradamente para lo privado, y de esa manera le roban al Estado. Lo hacen asquerosamente. Servilmente. Delictivamente.
En vez de usar la publicidad que el Estado paga, le regalan un negocio vergonzante a los canales privados. En realidad, el propósito es servírselo en bandeja de plata al Grupo Clarín, por cierto. Y los otros canales se la rebuscan tomando una parte del negocio. Se les compra la palabra. En vez de denunciar el escandaloso robo, se convierten en cómplices de algo que es indigno a cualquier pretensión ética.
Que no haya un diputado, o una ONG que se anime a denunciar el hurto, demuestran la abrumadora indefensión que existe en la sociedad ante el poder del grupo concentrado. Los grandes vividores del Estado que son los actuales funcionarios han pretendido -como osó hacerlo Hernán Lombardi- elogiar la fórmula de la publicidad privada que, poniendo menos del 10% de lo que paga el Estado, se quedan con la parte del león, del cocodrilo y el mono.
Se trata, en definitiva de la ley de la selva del mercado llevándose por delante a una República indefensa frente a la rapiña descarada.
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