El plan del gobierno para copar el fuero laboral

Daer se refería a que el proyecto de reforma laboral finalmente no incluirá la equiparación del capital con el trabajo. Ello podía tener serias consecuencias legales, ya que habilitaba a la justicia a considerar que no existe una relación asimétrica entre ambas partes y, por lo tanto, que no es necesario proteger al trabajador.

Ahora, el poroto que pretende ostentar la CGT podría ser irrisorio, toda vez que el gobierno se dispone a forjar una justicia laboral adicta. Para lograrlo dispone del amplio terreno que le ofrecen los 28 juzgados laborales de primera instancia que se encuentran vacantes sobre un total de 80, y los siete camaristas de un total de 30 que están en la misma situación.

El control y disciplinamiento de la justicia laboral serviría para bloquear posibles fallos de inconstitucionalidad sobre la reforma laboral, tal como ocurriera con la ley de ART y, al mismo tiempo, alterar en los hechos la «preferente tutela», fundamento del derecho laboral.

Antecedentes

Ya en junio de 2016, la Corte Suprema exhortó al Consejo de la Magistratura a resolver el nombramiento de los magistrados vacantes en el fuero laboral y pidió una auditoria que permitirera conocer la situación de los juzgados en materia de acumulación de causas y sentencias dictadas. De no haber sido por las declaraciones que el presidente Mauricio Macri hiciera un mes después, reclamando «una justicia más equitativa», ese requerimiento habría pasado desapercibido.

Un año y medio después, la ofensiva contra el fuero laboral atravesó varios capítulos más, entre los cuales se destacan los cinco pedidos de juicio político a jueces y camaristas del fuero que fallaron a favor de la parte trabajadora en causas por reinstalaciones y cumplimiento de paritarias. Lo mismo con el ataque a viva voz contra los abogados laboralistas, a quienes el propio Macri acusó de componer una «mafia sindical». El diferendo llegó incluso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que «manifestó su preocupación». 

Estrategia

El plan del gobierno para hacerse de una nueva camada de jueces adictos pasa por atacar por varios frentes al mismo tiempo y en forma coordinada. Por un lado, condicionando a los jueces en ejercicio para que  se alineen con el «espíritu» de la reforma laboral, alejándose del criterio de preferente tutela que rige el derecho laboral en función del reconocimiento del carácter asimétrico de la relación laboral.

Para eso, según confirmaron fuentes gremiales del fuero laboral a Tiempo, «designaron a Juan Pablo Garcilazo, mano derecha de Daniel Angelici, en el Cuerpo de Auditores de la Corte pero, como nunca pasó antes, exclusivamente para la Cámara del Trabajo». Según puntualizaron, «ya están auditando la Sala VI, a cargo de Graciela Craig (esposa de Héctor Recalde). Ese organismo se creó en la época de Menem. En esa época le decíamos la Gestapo porque tenía el rol de apretar a los jueces. Ningún juzgado del país superaría hoy una auditoria por el atraso de las causas, la superpoblación y el volumen de litigiosidad. El Cuerpo genera un disciplinamiento».

Además, el gobierno intenta allanar el camino de los nuevos nombramientos avanzando con el traspaso de la justicia laboral nacional (junto con otros fueros) a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, transfiriendo la potestad de los nombramientos desde el Consejo de la Magistratura nacional a su par porteño. La diferencia no es menor toda vez que «en el Consejo de la Ciudad, para nombrar y remover jueces se precisa una mayoría simple que ya tienen, mientras que no tienen los dos tercios que se precisan en el Consejo de la Magistratura Nacional», agregaron las fuentes del fuero laboral consultadas.

De concretarse, el traspaso afectaría la tarea de los abogados laboralistas y los derechos de sus representados toda vez que consolidaría una nueva instancia de apelación entre los juzgados de primera instancia y la Corte Suprema de Justicia.

Como el traspaso afecta las condiciones de trabajo de los trabajadores judiciales, la resistencia sindical y de los propios magistrados ha retrasado su implementación: «Hoy está freezado pero no abandonado», dicen los representantes gremiales.

Por eso el gobierno desplegó otras herramientas que en las últimas semanas, en paralelo al debate de la reforma laboral, se han profundizado. En primer lugar, según denunció a este diario el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, «la manipulación directa de los pliegos. Está el caso de la jueza Dora Temis que se presentó a un concurso para acceder a camarista y, según el Consejo de la Magistratura, quedó primera en el orden de mérito. Pero cuando el Ejecutivo trasladó el nombramiento al Senado quedó relegada». La responsabilidad de remitir esos pliegos recae sobre el Ministerio de Justicia, a cargo de Germán Garavano. Temis había sido blanco de un ataque verbal por parte del gobierno cuando falló a favor de los docentes bonaerenses que reclamaron la restitución de los días caídos en ejercicio de su derecho a huelga e incluso fue recusada de esa causa. Según Cremonte, «utilizaron un mecanismo para sancionarla que no es válido». Y puntualizó: «Apuntan a jueces con mayor afinidad con las patronales».

Por último, el gobierno apunta a ampliar de 13 a 16 el número de miembros del Consejo de la Magistratura Nacional. Los jueces y los colegios de abogados adictos al poder político serían los encargados de designar a los nuevos magistrados. «