El gobierno se encuentra diseñando lo que la oposición denomina el "Super RIGI": una estrategia agresiva para posicionar a la Argentina como un "paraíso desregulado" para la Inteligencia Artificial (IA).
Mientras el impacto del RIGI tradicional en el empleo local enciende alarmas en el sector minero e industrial, un debate todavía más profundo y silencioso empieza a gestarse en los despachos oficiales. El gobierno de Javier Milei y Federico Sturzenegger se encuentra diseñando lo que la oposición ya denomina el «Super RIGI»: una estrategia agresiva para posicionar a la Argentina como un «paraíso desregulado» a nivel global para el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).
A contramano de las crecientes regulaciones impositivas y ambientales que intentan aplicar Europa y los Estados Unidos, la administración de La Libertad Avanza busca tentar a los grandes jugadores de Silicon Valley ofreciendo soberanía jurídica nula, exenciones impositivas totales y una absoluta falta de marcos éticos para el uso de algoritmos.
La punta de lanza de este proyecto tiene nombre y apellido: Peter Thiel. El tecno-magnate no es un inversor cualquiera. Es cofundador de PayPal y dueño de Palantir Technologies: la corporación que provee los sistemas de inteligencia de datos, vigilancia masiva y coordinación de drones al ejército de los Estados Unidos en Medio Oriente. Un hombre cuyo modelo de negocios es, literalmente, saber todo sobre todos.
Thiel decidió instalarse en Buenos Aires. Compró una mansión de 12 millones de dólares en Barrio Parque, operación gestionada por JdC Propiedades, firma especializada en real estate de alta gama. Inscribió a sus hijos en un colegio porteño y comenzó a tejer, desde esa residencia blindada, una red de contactos al más alto nivel político argentino: el asesor presidencial Santiago Caputo, el ministro Federico Sturzenegger y el expresidente Mauricio Macri
La pregunta que nadie responde con claridad es qué negocia Thiel en esas reuniones. Palantir no construye rutas. Su producto es la inteligencia: recopilación, análisis y monetización de datos a escala estatal. Que su dueño sea uno de los interlocutores privilegiados del gobierno en el diseño del «Super RIGI» no es un dato menor. Es una señal de hacia dónde apunta el modelo.
El núcleo jurídico del «Super RIGI» apunta a modificar de raíz la estructura comercial tradicional del país. El Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto de reforma a la Ley de Sociedades Automatizadas para introducir una figura legal inédita en la región: las sociedades de Inteligencia Artificial. El proyecto fue enviado al Senado el 31 de mayo de 2026.
Se trata de corporaciones autónomas compuestas en un 100% por software, sin la intervención de directivos ni empleados humanos. La ambiciosa proyección oficial estima que, bajo este paraguas de desregulación total, en los próximos diez años podrían operar y tributar en la Argentina unos 500 millones de estos «agentes virtuales«, exportando servicios digitales desde un territorio sin regulaciones, sin obligaciones laborales y sin responsabilidad penal.
Para defender esta idea, el presidente Javier Milei recurrió a un polémico paralelismo histórico en columnas internacionales, citando como un modelo exitoso de innovación jurídica a la Compañía de las Indias Orientales. La analogía despertó inmediatas críticas de historiadores y analistas, quienes recordaron que dicha corporación británica basó su éxito en el colonialismo salvaje, el sometimiento militar y la explotación de mano de obra semiesclava en el sudeste asiático.
Detrás del entusiasmo desregulador se esconden tres riesgos concretos que el debate público todavía no termina de procesar: el vacío de responsabilidad legal, la entrega de la soberanía de datos y el desplazamiento del trabajo humano. Tres caras del mismo modelo.
El principio fundamental del derecho comercial y civil es que toda entidad jurídica debe responder ante la ley a través de personas físicas que asuman las consecuencias civiles y penales de sus actos. Es la base sobre la que se construyeron siglos de jurisprudencia.
Legalizar empresas gobernadas en un cien por ciento por algoritmos autónomos destruye ese principio de raíz. Si una corporación de IA comete fraude financiero, quiebra fraudulentamente, vulnera la privacidad de millones de ciudadanos o destruye un mercado mediante competencia desleal automatizada, la pregunta queda flotando sin respuesta: ¿quién va preso? ¿Quién repara el daño?
La legislación argentina no puede permitir la creación de «capas de aislamiento legal» donde los verdaderos dueños del capital deleguen la responsabilidad de sus decisiones en un software inimputable. La protección del ciudadano y de la fe pública exige que siempre exista un humano responsable detrás de cada personería jurídica.
El historiador Yuval Noah Harari advirtió sobre el riesgo existencial de habilitar entidades comerciales libres de responsabilidad penal: organismos con capacidad técnica real de manipular mercados mediante el engaño automatizado. Lo que Harari describe como una amenaza global, Argentina se prepara para ofrecerlo como ventaja competitiva.
El desembarco de corporaciones como Palantir —cuyo modelo de negocio principal es la inteligencia militar, el espionaje de datos y la vigilancia masiva— bajo un esquema de desregulación total plantea un riesgo crítico para la seguridad del Estado y la intimidad de los ciudadanos.
Sin regulaciones estrictas sobre el procesamiento de datos, estas megaestructuras tecnológicas tienen capacidad real de indexar, predecir y manipular el comportamiento social, electoral y económico de la población. Y esto es consecuencia técnicamente posible y directa del esquema que se está diseñando hoy.
El riesgo más grave, advertido incluso por sectores constitucionalistas, es la privatización silenciosa de funciones que son exclusivas del Estado: inteligencia, seguridad, gestión de infraestructura crítica. Un Estado que cede el control de sus datos estratégicos a una corporación privada supranacional está resignando su soberanía por contrato. Eso no es modernización.
El límite ético más concreto del RIGI y del Super RIGI es laboral. Un crecimiento que no genera empleo digno ni fortalece el tejido industrial no le pertenece al país: le pertenece a sus inversores. Cuando las empresas gozan de exenciones impositivas multimillonarias pero operan sin contratar personal local —como el modelo que Palantir replica en cada territorio donde se instala, o la infraestructura importada llave en mano que desplazó a cientos de trabajadores en San Juan— el país aporta su suelo, su agua y su energía, pero la riqueza se acumula en las casas matrices del exterior. Eso no es desarrollo humano. Es el viejo extractivismo con tecnología nueva.
En octubre de 2025, StarGate y OpenAI anunciaron una inversión de 25.000 millones de dólares para un centro de datos en la Patagonia. Sin embargo, ese mismo año cerró con una salida neta récord de inversión extranjera directa: 4.687 millones de dólares en el cuarto trimestre. El modelo que se vende como imán de capitales expulsa más de lo que atrae.
La encrucijada que abre el RIGI no es nueva, pero sí más sofisticada. Entre la infraestructura que se importa llave en mano mientras cientos de trabajadores argentinos quedan afuera y las corporaciones fantasmas habitadas solo por algoritmos en Barrio Parque, el hilo conductor es el mismo: el riesgo de consolidar una economía de enclave. Ya no se trata solo de entregar el cobre o el agua; se trata de resignar la soberanía jurídica y territorial a cambio de un crecimiento macroeconómico que no derrama puestos de trabajo. Si el empleo local y la responsabilidad legal se diluyen en pos de la desregulación absoluta, Argentina corre el riesgo de cumplir una vieja profecía distópica: convertirse en un territorio explotado hasta el último recurso, pero diseñado para prescindir de los propios argentinos.
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