El plan para que el caso de las coimas en la Policía porteña salpique al kirchnerismo

La investigación por la presunta corrupción en la Policía de la Ciudad llegó a un punto de literatura borgeana. La detención del exjefe de la Policía Federal Guillermo Calviño marca el punto en el que los senderos se bifurcan. El fiscal José María Campagnoli, acompañado por el juez Ricardo Farías, tiene la decisión de ir «para arriba» en la investigación por la corrupción en la flamante Policía de la Ciudad. Pero «arriba» no es en una sola dirección. Hay un camino, directo, que lleva al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pues fue él quien nombró al detenido comisario José Pedro Potocar, y el gobierno de Cambiemos el que puso a Calviño como jefe de la Federal. Pero también hay un desesperado intento de torcer el curso de la investigación para desembocar en el anterior gobierno y responsabilizar por todo al exsecretario de Seguridad Sergio Berni.

La detención de Calviño era esperada por un conocido estudio de abogados de fuerte presencia en los medios de comunicación que coordina la defensa de la mayoría de los uniformados imputados en el escándalo de presunta corrupción que afecta, en principio y en este expediente, a la Comisaría 35ª.

En mayo pasado, cuando confirmó el procesamiento del comisario Potocar como presunto «jefe de una asociación ilícita», la Cámara del Crimen advirtió que había una línea de investigación que no se había explorado. En un cuaderno secuestrado en un allanamiento, perteneciente al prófugo titular de la seccional Norberto Villarreal, aparecía como sospechada de haber percibido pagos irregulares una repartición identificada como «SSM» (Superintendencia de Seguridad Metropolitana), que estuvo a cargo del comisario Oscar Enrique Cejas y, antes, de Calviño. El cuadro probatorio llegó primero a Calviño, pero Cejas no parece a salvo de lo que resta de investigación.

¿Qué hay por encima de ellos? La pesquisa se centra en hechos que ocurrieron desde enero de 2016 en adelante, en una zona gris de transición entre la Policía Federal y la de la Ciudad. Pero el estudio que coordina la defensa de los policías (y que encargó la de Potocar a los abogados Cristian Poletti y Raúl Alcalde; la de la comisario Susana Aveni a Claudio Calabressi y José Luis Ferrari, y la de Calviño a Manuel Ramallo) busca correr la línea de tiempo de la investigación. Llevarla hasta antes de diciembre de 2015.

Los procesamientos hablan de «una estructura de recaudación espuria cuyos beneficios llegarían hasta quienes hoy son las máximas autoridades policiales con el propósito de enriquecerse en forma ilegal». La línea de tiempo es fundamental en la derivación política de la causa.

Si los hechos investigados fueran todos de 2016 las responsabilidades (políticas y quizá judiciales) recaerían en Rodríguez Larreta y su ministro de Seguridad, Martín Ocampo. En cambio, si la secuencia se iniciara antes (Calviño era la SSM en 2015), la responsabilidad recaería en el exjefe de la Policía Federal, Román Di Santo, y en su jefe directo, Berni. En esa intención de cargarle el escándalo al kirchnerismo hay un obstáculo: Calviño, designado jefe de la Policía Federal en transición por Cambiemos, tenía una mala relación con Di Santo. Si había una «cadena de la felicidad» de la recaudación ilegal, entre ellos dos aparece un eslabón roto. El ministro Ocampo sigue con activo interés y preocupación la evolución de los acontecimientos, y parece preocupado.

Hay otra derivación de la causa sin profundizar. En la lista de comercios que eran virtualmente forzados a aportar a cambio de «protección», los investigadores tuvieron un dato adicional de un anónimo. Esa nota, escrita en computadora, alertaba sobre la existencia, en uno de esos lugares, de un casino clandestino. El supuesto garito está situado en la órbita de la Comisaría 35ª. Bajo la fachada de un inocente ámbito en el que venerables bebedores de té juegan al scrabble, al buraco y a la canasta, se oculta una lujosa sala en la que se apuesta mucho dinero, aunque los billetes nunca están en las mesas. Rodríguez Larreta estuvo hace poco reunido allí con vecinos. Era de día, y no había actividad de juego clandestino. El jefe de Gobierno puede no saber lo que ocurre en ese lugar. Lo curioso es que sus abogados amigos, que sí saben lo que pasa, no se lo hayan contado. «