Ingresó por mesa de entrada su candidatura para ser jefe de los fiscales y el jueves llega al recinto para tomar estado parlamentario. Los números para el nombramiento del juez federal están ajustados.
Para su aprobación, el oficialismo necesita contar con algunas voluntades del espacio de Juntos por el Cambio, ya que debe tener los dos tercios de los votos – unos 48 senadores sobre un total de 72.
En el poroteo, el Frente de Todos cuenta con un total de 41 representantes (contando al tucumano, José Alperovich que se encuentra de licencia desde fines de noviembre tras ser acusado por abuso sexual y que debería volver a su banca en el mes de mayo).
En la vereda de enfrente, Juntos por el Cambio cuenta con unos 27 senadores que marcarían en forma conjunta su postura en contra. Al conteo podrían ayudarle algunos senadores sueltos, la neuquina Lucila Crexell, la riojana Clara Vega, el ex gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari que tienen bloques independientes.
De todas maneras, antes del tratamiento en el recinto, el pliego deberá pasar por la Comisión de Acuerdos que preside la senadora mendocina – muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner- Anabel Fernández Sagasti. Allí se deberá convocar a una audiencia pública en donde Rafecas deberá brindar un informe sobre su trayectoria y responder las preguntas de los senadores, que luego tendrán que firmar un dictamen.
El presidente Alberto Fernández había anticipado el lunes en una entrevista televisiva que el decreto había sido firmado. “Escucho a los opositores que lo critican cuando Mauricio Macri lo propuso para ser juez de la Casación. Yo no voy a estar enojado con la justicia. Es un tema serio y hay que tomarlo con seriedad. La justicia determina, entre otras cosas, un bien tan sagrado como la libertad. Necesitamos que funcione bien», respondió ante las críticas.
Actualmente en el cargo de procurador general de la nación se encuentra Eduardo Casal, de manera interina, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, en 2017. Durante el gobierno de Mauricio Macri se propuso a la jueza Inés Weinberg de Roca, cuya candidatura además de recibir la impugnación de las Abuelas de Plaza de Mayo, por considerar que “no poseía un claro compromiso con los derechos humanos”, no logró los números necesarios para dirigir el Ministerio Público Fiscal.
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