El polémico Código de Faltas de Mendoza, un experimento para criminalizar la protesta

El sábado 8 de septiembre quizás sea la última oportunidad que tengan los mendocinos de participar de una movilización masiva sin sufrir alguna de las penas que contempla el flamante Código de Faltas promovido por el gobernador Alfredo Cornejo y que la última semana obtuvo media sanción del Senado provincial. La concentración coincidirá con la agenda de reuniones prevista por el G20 en la ciudad cuyana, y que se centrarán exclusivamente en temas de educación y empleo, pero no en cuestiones ambientales, que en los últimos tiempos movilizan a cada vez más mendocinos.

«Mendoza tiene el movimiento por la defensa del agua y del ambiente más grande del país y el día 8 toda esa fuerza va a colisionar con el G20, que no sólo niega el cambio climático, sino que viene a Mendoza a tratar los recortes a la educación en el marco de las exigencias del FMI. Por eso es importante que los estudiantes, profesores, sindicatos y todos los movimientos sociales nos encolumnemos detrás de una gran movilización pacífica que puede ser la última ventanita democrática que le quede a Mendoza, antes de la puesta en vigencia del nuevo Código de Faltas», explica el científico Esteban Servat, uno de los impulsores del «peregrinaje» que el pasado 17 de agosto partió de la ciudad de Bowen, al sur de Mendoza, y que culminará el sábado en el festival programado en la Plaza Independencia.

El nuevo Código al que hace referencia Servat transforma en faltas penadas con días de cárcel, trabajo comunitario o multas, comportamientos que no son delitos tipificados en el Código Penal. En ese sentido, se castigará, por ejemplo, a quien venda en la calle «con ruidos estruendosos», al que cuide o lave coches en la vía pública, al que ofenda a un funcionario, maestro o médico, al que no denuncie la pérdida de una mascota o consuma bebidas alcohólicas en lugares de acceso público.

«Ese Código es una aberración a la democracia –opina Servat– y un experimento del gobierno nacional en Mendoza, que cercena todo tipo de libertad, de manifestación o de crítica a la gestión provincial y de resistencia contra el fracking. Es vital frenar su puesta en vigencia porque va a ser mucho más difícil movilizarse, la gente va a tener mucho más miedo».

El martes, en una sesión especial, el oficialismo logró aprobar la reforma del Código Contravencional de Mendoza, que data de 1965,  gracias al pastor evangélico y senador por el Partido Intransigente Héctor Bonarrico, quien bajó al recinto y habilitó el quórum.

Si bien se incluyeron modificaciones al proyecto original del Ejecutivo, los «cornejistas» se ufanaron de que los cambios «no alteraron el espíritu de la ley».

Para la oposición, que decidió no participar del debate luego de que el Frente Cambia Mendoza descartara casi la totalidad de las 80 modificaciones propuestas, ese espíritu «criminaliza la pobreza». Para la senadora Patricia Fadel (FpV), «se pretende condenar situaciones comunes, como sería comer un asado en Potrerillos o no denunciar que un perro se ha perdido».

También resultó polémica la postura del senador Ernesto Mancinelli, de Libres del Sur, quien, contrariando los postulados de su partido, votó a favor de la propuesta oficialista.

Laboratorio de prueba

«El Código aprobado tiene cosas que son muy graves. Por ejemplo, se diría que vuelve a instalar los títulos de nobleza. En Mendoza no se va a poder criticar a un funcionario. Lo que hace esa norma es marcar la diferencia entre los políticos y la gente común», dice Marcelo Romano, senador por el Partido Intransigente. Para el legislador, la reforma se da en un marco de «represión del aparato del Estado», y cuenta el episodio sucedido días atrás, cuando un grupo de Infantería de la policía provincial se apostó en una de las salas de la Legislatura, donde minutos antes los ediles opositores habían intentado tratar el congelamiento de la suba de tarifas, y lo ocurrido durante el partido entre la Argentina y Nigeria, del último Mundial de Fútbol, «cuando se quiso aprovechar la distracción para ampliar, en una sesión relámpago, la Corte Suprema de la provincia y conseguir así una mayoría automática».

A las protestas contra el fracking, que se replican en toda la provincia, por estas horas se les suma la movilización de estudiantes y docentes por el cierre de institutos terciarios y carreras. En uno y otro caso, la respuesta es siempre la misma: represión.

«Los que protestan para repeler el fracking y cuidar el agua son rápidamente imputados. También tenemos estudiantes y profesores procesados por cortar una ruta o tomar un colegio. Es una campaña de miedo, de usar a la Justicia con fines políticos», denuncia Servat, quien ve en la actitud autoritaria del gobernador radical una carta de presentación para su candidatura a vicepresidente con miras a 2019.

«Cornejo –advierte Romano– es el principal socio político de Mauricio Macri y Mendoza es el laboratorio de prueba de muchos inventos a nivel nacional. Así que lo que nos sucede a nosotros puede, en algún momento, poner en peligro las instituciones de todo el país». «

Las contravenciones más discutidas

El nuevo Código Contravencional de la provincia de Mendoza prevé sancionar aquellos actos que «se consideren turbatorios y desórdenes; tales como incitar individualmente o en masa a reñir, insultar, amenazar, provocar escándalos o tumultos en lugares públicos, molestar con demostraciones hostiles o provocativas una reunión pública de carácter político, religioso, económico».

Dispone que se sancione con $ 9500 de multa o diez días de cárcel a los cuidacoches (los llamados «trapitos») que no tengan autorización legal. Quienes ofrezcan lavar autos o limpiar parabrisas en la calle deberán pagar multas de $ 7600 o enfrentar ocho días de prisión.

Aquellas personas que omitan denunciar la pérdida de una mascota serán sancionadas con una multa de hasta $ 19 mil, contravención que incluso podrá ser pasible de arresto de 15 hasta 25 días.

También se sancionará a los padres o tutores que, de manera reiterada e injustificada, hagan incurrir a los niños a su cargo en inasistencias a la escuela durante el ciclo lectivo. En el artículo 99 del Código de Faltas aprobado por el Senado mendocino (falta que lo trate Diputados) se implementan para estos casos multas desde $ 5700 hasta $ 14.250, arresto de hasta 15 días o trabajo comunitario durante un máximo de 20 días.

Quienes incurran en una ofensa personal contra un funcionario público, contra maestros o personal de la salud deberán pagar multas desde $ 1500 hasta $ 3000 o podrán ser arrestados por 15 a 30 días, según se evalúe en cada caso.

Aquella persona que «consumiere bebidas alcohólicas en la vía pública, lugares de acceso público, excepto en los lugares y horarios expresamente habilitados por la autoridad competente, será sancionada con multa de hasta $ 500 o arresto de uno a cinco días».

Multa a los «buscados»

En la edición del 5 de agosto, Tiempo ya había adelantado una de las iniciativas polémicas del proyecto del gobernador Cornejo. Se trata de aplicar multas y/o trabajo comunitario a «quienes se ausenten voluntariamente de su domicilio o entorno habitual y obliguen a su familiar a denunciarlo, motorizando todo un protocolo y un gasto de búsqueda por parte del Estado». Asociaciones y organismos que trabajan la problemática de la trata habían repudiado la propuesta porque «desalentará peligrosamente las denuncias».