El Polo Obrero denunció una “campaña sucia” de Clarín “funcional al ajuste del gobierno”

Por: Alfonso de Villalobos

La organización promueve la universalización de la asistencia que pondría fin a la intermediación. Asegura que el aporte es voluntario y para financiar la lucha como cualquier sindicato u organización popular.

El diario Clarín publicó el lunes un artículo en cuyo título asegura que “El Partido Obrero admite que le saca a los beneficiarios de los planes un 2% por mes”.

La nota (sin firma) recoge declaraciones del dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano en el que reconoce que, la organización piquetera ligada a ese partido de izquierda, el Polo Obrero, promueve un aporte del 2% del ingreso de sus adherentes para el sostenimiento de la organización. Solano, en el mismo comunicado, desmintió “categóricamente que el Partido Obrero se quede con un solo centavo de los trabajadores desocupados. Por el contrario, coloca todo su principal capital, que es el de su militancia, y los pocos recursos económicos que tenemos para apoyar al movimiento de desocupados, como a todos los movimientos populares del país”.

El martes fue el turno del propio Polo Obrero que mediante un comunicado de su Mesa Nacional apuntó contra el medio liderado por Héctor Magnetto al que le atribuyó una “campaña sucia” contra las organizaciones sociales.

Allí destacan que el ataque se da “en el marco del plan de lucha de la Unidad Piquetera que enfrenta el ajuste del gobierno y el FMI”.

Para la organización liderada por Eduardo Belliboni “diferentes sectores del poder económico y político han  salido hacer una campaña repleta de mentiras, tergiversaciones y manipulaciones que tiene el objetivo de desprestigiar la lucha piquetera por trabajo, contra el hambre y la pobreza”.

La organización asegura que “lo que en realidad ocurre es que las organizaciones de los desocupados organizan y defienden un financiamiento autónomo para las necesidades de la lucha y de los barrios”. Es que, puntualizan, “el movimiento piquetero sostiene, sin apoyo del estado, miles de comedores populares en todo el país. Para eso es necesario, como cualquiera sabe, tener un lugar donde hacer la olla popular y por lo tanto pagar alquileres, comprar una garrafa, pagar los fletes para trasladar los alimentos que el Estado no entrega en la puerta de cada comedor si no en un depósito Central”.

Para el Polo Obrero esos gastos debieran ser costeados por el Estado pero “terminan financiando las familias que concurren a los comedores”.

La mesa nacional asegura que el aporte del 2% surge de las asambleas que en forma consciente y voluntaria votan ese aporte  y que es en ese mismo ámbito donde “se rinde cuentas sistemáticamente sobre los ingresos y gastos y se aprueba colectivamente el destino de los recursos que son de todas y todos los compañeros”.

Por eso, explican que “el Polo Obrero financia su actuación del mismo modo que un club, que una sociedad de fomento, un sindicato o cualquier otra organización popular”.

Por eso, denunciaron que “atacar este sostenimiento es pretender el cierre de miles de comedores populares y propiciar prácticamente la disolución de las organizaciones que los sostienen. Es un objetivo que sería totalmente funcional al ajuste del gobierno, pactado con la oposición y el FMI”.

Finalmente señalan que “en lugar de colocar el dedo acusador en el Estado responsable de la pobreza, las empresas periodísticas que emprenden esta campaña se alinean con los funcionarios del gobierno que atacan a las organizaciones que luchamos contra el hambre la pobreza y por trabajo genuino”.

El Polo Obrero forma parte de la Unidad Piquetera que, el lunes resolvió una nueva fase de su plan de lucha con una movilización este jueves y medidas crecientes hasta un nuevo acampe a realizarse el próximo mes con alcance nacional.

Esas organizaciones reclaman trabajo genuino y, paradójicamente, la universalización del acceso a la asistencia social terminando con el régimen de cupos y, por lo tanto, con el control sobre los recursos de las mismas organizaciones. Además exigen el cumplimiento de los compromisos de envío de comida a los comedores populares que, sostienen, el Estado ha eludido.

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